La coyuntura le ha jugado una mala pasada a la política económica, ya que cualquier solución a la disminución de ingresos gubernamentales ocasionará malestar. Una fórmula para estimular la actividad económica sería reducir impuestos, elevar la inversión pública y acelerar el crédito, como ha ocurrido en diversos países. Sin embargo, el boquete de ingresos públicos no permite a México transitar por esta ruta, al contrario, el Ejecutivo, al parecer, se pronunciará por mayores impuestos y menores gastos para reestablecer el orden fiscal, medida imperiosa, ya que la afectación de los ingresos petroleros no es pasajera, es un problema que va a tardar años en resolverse, si algún día lo hace.

El erario se ha convertido en adicto del petróleo y en mala hora escasea el oro negro, justo en el peor descenso económico en décadas. Al igual que todas las adicciones, regenerarse cuesta y más en las circunstancias presentes, con una economía vapuleada por todas partes.

Elevar la deuda pública es políticamente más viable que aumentar impuestos y por ello varias voces claman por esta salida al problema fiscal. No obstante, en su definición más amplia, (representada por el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público), la deuda pública representa casi 40 por ciento del PIB y ha crecido aproximadamente 25 por ciento en términos reales en lo que va de esta Administración, por lo que no es aconsejable optar por este camino, por sencillo que parezca. Tres de las cuatro crisis económicas recientes de este país (1976, 1982 y 1987) ocurrieron por desatender el crecimiento de la deuda pública, y la otra (1994), por no hacer caso de los excesos de la deuda privada. Técnicamente es innegable que el País padece insostenibilidad fiscal -esto es, una trayectoria de deuda pública creciente- que no se corregirá elevando los pasivos gubernamentales.

Por si esto fuera poco, el panorama se complica por la falta de consenso social respecto a las medidas que sería necesario instrumentar para corregir las finanzas públicas. En la más reciente medición de opinión pública de GEA-ISA, realizada hace un par de semanas, destaca lo siguiente: apenas uno de cada dos ciudadanos considera que las reformas económicas estructurales son necesarias para que el País crezca, a diferencia de dos de cada tres personas que así pensaban en marzo 2007, al inicio de este Gobierno; tres de cada cuatro entrevistados consideran que si el Gobierno redujera sus gastos no tendría necesidad de cobrar más impuestos, ya que utiliza el dinero de manera incorrecta; dos de cada tres ciudadanos consideran que la reforma fiscal no debería aplicar el IVA a alimentos y medicinas, y ocho de cada diez personas estiman que si el Gobierno cobrara más impuestos, este funcionaría igual o peor.

El sustento político-social para reforzar las finanzas públicas con las medidas necesarias es escaso, por no decir nulo, y varios miembros de la clase política así lo han olfateado. El Ejecutivo corre el riesgo de quedarse solo y que la oposición, o su propio partido, desfiguren sus planteamientos de fortalecimiento fiscal, no por incorrectos, sino por impopulares. Difícil tarea de conciliación para el Gobierno en turno. La unidad nacional está a prueba y de ella depende un mejor futuro económico.

Presidente Ejecutivo de GEA Grupo de Economistas y Asociados.