Como sabemos, estas medidas tributarias resultan, no de una política fiscal definida, sino de la incesante presión de incrementar anualmente el Presupuesto de Egresos, que tiene como principales beneficiarios a quienes lo califican, aprueban y ejercen.

Estos tributos se contienen en la Ley del IEPS, cuya función es la de establecer sobretasas a la venta de ciertos productos que se sujetan a una demanda inelástica y cuyo consumo genera costos o externalidades negativas.

Estos tributos –conocidos como impuestos al pecado- no tienen como función prohibir el consumo, sino inhibirlo con el suficiente cuidado para no lesionar una fuente importante de recaudación. Tal es el caso del consumo de alcohol, cigarros y gasolinas.

En el caso del aumento del IEPS a los cigarros, llama la atención que esta reforma se sobrepone a otra, aprobada apenas el año pasado, por la que se sujetaría la venta de cigarros a una cuota fija que disminuiría gradualmente en los próximos años. De esta forma, en adición a la tasa de 160%, se estableció una cuota de 40 centavos por cigarro que disminuiría para quedar en 10 centavos a partir del 2013.

No obstante lo anterior, los diputados desempolvaron una propuesta del senador Ernesto Saro que proponía nuevos incrementos impositivos, desatendiendo al régimen transitorio establecido para dicha industria.

La propuesta del senador era dejar permanentemente la cuota de 40 centavos, pero los diputados esgrimieron en contra que dicha cuota “pondría en riesgo el mercado de la industria tabacalera y fomentaría el comercio ilícito de estos productos, exponiendo no sólo la recaudación adicional que se espera obtener con esta reforma, sino también los recursos que actualmente se obtienen a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de tabacos labrados, derivado de que, eventualmente, parte del consumo de este producto se traslade del mercado formal al informal”. Ante tales contundentes razonamientos, los diputados rechazaron la propuesta de una cuota fija de 40 centavos, pero en su lugar propusieron una de 35 centavos. Genial.

La combinación de una tasa de 160%, más la cuota fija, más el IVA, implica que de una cajetilla de 20 cigarros, 15 son impuesto. Estas reformas, que no descansan en ningún estudio tributario serio, no impactarán negativamente al tabaquismo, pero sí a la industria formal.

No nos llamemos a sorpresa cuando el mercado se inunde de producto contrabandeado o pirata, ni cuando los cerca de 20,000 campesinos que hoy siembran tabaco, se dediquen a la siembra de marihuana. Esta reforma tiene nombres y apellidos. Cuestión de tiempo.

Por lo que hace a la reforma de gravar con IEPS a las bebidas energetizantes, es de notar que la externalidad negativa que se aduce no existe, pues el propio dictamen de los diputados, reconoce que no hay estudio alguno que demuestre que estas bebidas por sí mismas o sus ingredientes (cafeína, taurina y vitaminas) causen algún daño a la salud.

El problema, según los legisladores ecologistas, autores de la iniciativa, es que los jóvenes mezclan estas bebidas con alcohol.

Al alterar las bebidas energetizantes con alcohol, se producen dolores de cabeza, agitación y vómito, entre otras reacciones, en quienes las consumen de esa forma.

Bajo este razonamiento, no tardarán los diputados en gravar con IEPS al agua, cuando descubran que por sí sola no causa daño a la salud, pero si se mezcla con whisky, puede llegar a producir mareo y vómito.

La iniciativa proponía un impuesto de 100%, pero la comisión dictaminadora lo fijó en 25%, arguyendo que ésta es una tasa moderada que permite cumplir con el fin extrafiscal. El dictamen no indica cuál es este fin extrafiscal, pero suponemos que es que los jóvenes ya no mezclen estas bebidas con alcohol.

Esto pasa por dejar que las decisiones de política fiscal las tome el Congreso y no la Secretaría de Hacienda, la que había anunciado que no habría nuevos impuestos para el 2011.

Con estas medidas y los cálculos de los legisladores para dejar el precio del petróleo en 65.4 dólares por barril, los diputados encontraron los recursos que la iniciativa presidencial no contemplaba y que los gobernadores reclamaban para sus estados.

Lo realmente grave de este episodio es que los diputados se arroguen el diseño de la política tributaria. A ver quién se los quita.