Si tuviéramos en México políticos que pensaran en términos de la conveniencia del País y no de su interés o el de su grupo, podríamos tener en las próximas semanas un debate fiscal muy rico, del cual podría salir un nuevo esquema de ingresos y gastos del Estado que impulsara el desarrollo nacional, al menos en la siguiente década.

Ese debate fiscal debería comenzar definiendo el tamaño del Estado que requerimos, así como las funciones que debe tener y cómo vigilarlas.

Luego se pasaría a considerar cuál debe ser la forma de financiarlo y a través de qué tipo de impuestos. Se debería considerar cuánto se quiere depender del petróleo y entonces cuánto se requiere en materia de otros impuestos.

Posteriormente, se establecería cuáles son los impuestos más adecuados, si los que gravan al consumo o los que lo hacen al ingreso, cuál debe ser su distribución y su forma de cobrarlos.

Pues todo eso es lo que no vamos a tener en las próximas semanas.

La discusión y negociación fiscal van a operar como si estuviéramos de cabeza.

Lo primero a considerar es que hay rubros del gasto público que son intocables. Por ejemplo, ni quien se vaya a atrever a meter en cintura a algunos sindicatos, como el Mexicano de Electricistas, el petrolero o el magisterial.

Y así como este caso, hay decenas de rubros del gasto que no pueden ser puestos a revisión.

Por otro lado, ya los partidos políticos definieron que toda discusión respecto al IVA debe quedar fuera, así que cualquier posibilidad de modificar ese impuesto está virtualmente fuera del alcance.

Así que una parte esencial de la estructura impositiva queda fuera de debate.

En lo que respecta a los llamados Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS), dado que se aplican en sectores específicos, todo va a depender de la fuerza de los sectores afectados y de la habilidad de los diferentes cabilderos que se tengan.

Las apuestas más importantes de este paquete, según le he comentado desde hace varios días, tiene que ver con los impuestos al ingreso y con los precios públicos.

En materia de impuestos al ingreso, habrá resistencias si se trata de aplicar tributos realmente generales que eliminen los tratamientos especiales.

Va a respingar el PRI, por ejemplo, si se quieren gravar las prestaciones obtenidas por muchos de los sindicatos de las paraestatales. Y también si se pretende un régimen parejo para los productores del campo.

Y es muy probable que los empresarios también reclamen si se pretende algún aumento en el IETU o en las tasas máximas del ISR.

En lo que se refiere a las tarifas de los bienes públicos, el objetivo va a ser llenar el hueco tributario, en lugar de usarlos como instrumento para obtener racionalidad en el sistema económico... con la ventaja de que su fijación no pasa por el Congreso. Es decir, lo más probable es que al final, con sus ajustes se llenen los huecos que no se hayan podido cubrir por otros medios.

Quisiera pensar que del paquete fiscal que muy pronto se conocerá en detalle surgirá una propuesta coherente y que incentive el desarrollo del País.

Pero me temo que tendremos -otra vez- otra especie del monstruo del doctor Frankenstein, pues con todas las manos que se le van a meter es probable que resulte contrahecho.

Lo dicho: me encantaría estar equivocado.

La ruta del paquete económico

1 de abril Entrega de avance macroeconómico del siguiente año

30 de junio Envío de la estructura programática del Presupuesto

8 de sept. Entrega al Congreso del paquete económico

20 de oct. Aprobación de Ley de Ingresos por Senado

31 de oct. Aprobación de Ley de Ingresos por Diputados

15 de nov. Aprobación de Presupuesto por Diputados

Fuente: Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

enrique.quintana@reforma.com