De manera unánime, el Pleno de los 128 senadores aprobó la modificación de cuatro leyes que tienen que ver con la educación alimentaria. Dicho conjunto de modificaciones había resultado de 24 iniciativas que, previamente, habían presentado legisladores de todos los partidos políticos para combatir, nada menos, que la obesidad y la desnutrición en México.

Orondos, todos los senadores en el principio juraban que las reformas de marras (Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Ley General de Infraestructura Educativa, en lo relacionado con la educación alimentaria) constituían —sintetizaba así en tribuna María Ortuño, diputada del PAN— “un asunto primordial de salud pública. El sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria se consideran como desórdenes crónicos que colocan a las personas en riesgo de desarrollar y padecer enfermedades graves a corto, mediano y largo plazos, los cuales han desencadenado un grave problema de salud pública, tanto en México como en el mundo”.

Y venía uno, y venía otro, y después otro; y así se formaban para ir a la tribuna. Y parecía ir todo muy bien para todos hasta que se apareció en la tribuna el senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, quien entre las propuestas de modificación figuró las de los artículos 301 y 307 de la Ley General de Salud.

En el 301 planteó insertar el siguiente párrafo: “Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales y azúcares solubles en los centros escolares y espacios deportivos”.

Este párrafo se sumaba a otros dos con dinamita que ya le habían insertado en comisiones.

Uno: “Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos por la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad”.

Y el dos: “La Secretaría de Salud, con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, determinará los alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales y azúcares solubles a los que se prohibirá su comercialización o expendio en los centros escolares y espacios deportivos”.

Cuando Monreal planteó insertar otro párrafo al 307, gente que representaba allí a las empresas Barcel, Bimbo, Femsa y Televisa extendieron de inmediato el acuse de recibo y se pusieron, con frenesí, a cabildear con senadores del PRI y el PAN.

Monreal entonces soltó, planteando la inserción del siguiente párrafo en el 307: “Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales y azúcares solubles. La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas y de los suplementos alimenticios deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impreso, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de hábitos de vida saludable. Y (tampoco) la publicidad transmitirá mensajes que distorsionen los hábitos de la alimentación correcta e induzcan a conductas que propicien trastornos alimenticios”.

Fue como si a los cabilderos les hubieran embarrado chile en salva sea la parte... Pero los senadores ya se habían emocionado fuertemente y no sólo respaldaban lo dicho por Monreal, sino que hasta lo aderezaban con mayores controles, porque, decían más de tres de ellos, “la salud de nuestros hijos es primero”. Y terminaban votando las modificaciones a las cuatro leyes, primero en lo general y después las reservas en lo particular, entre ellos los artículos 301 y 307 de la Ley General de Salud.

Era demasiado bonito para ser verdad. De pronto, un priista, el guanajuatense Francisco Agustín Arroyo Vieyra, irrumpió con su discurso de rococó pidiendo que se volviera a votar en lo particular los artículos reservados, y proponía que, por separado, se hiciera lo propio con el 301 y el 307.

“Tengo una preocupación”, respingaba el senador Pablo Gómez, intentando atajar la línea que el PRI había lanzado en la barroca voz del priista Arroyo. “Si el 301 y el 307 se quieren dejar en los términos del dictamen, eso ya no es posible porque las modificaciones han sido aprobadas por la asamblea. Y no han sido sólo admitidas a discusión, sino aprobadas”.

Pretendía Arroyo Vieyra —quien asumía, contrito y sin rubor, una actitud de peón de los cabilderos— echar para atrás lo que acaban de aprobar; de modo particular los párrafos que propuso, y que después avaló el Pleno, el petista Ricardo Monreal, acaso el principal sorprendido de que sus modificaciones hubieran sido apoyadas por todos.

Nadie pudo detener la anulación inédita de los artículos 301 y 307 de la ley aquella, que recién había sido aprobada por ellos mismos.

A los senadores les dio miedo, y mucho frío, haber aprobado leyes que representan millones de pesos para las televisoras; pero también para los dueños de los referidos productos.

Horas después de que el Pleno había vuelto a votar, disponiendo que el 301 y el 207 regresaran a comisiones —a pesar de que haber sido aprobados ya—, se preveía que este jueves, o a más tardar el próximo martes, el tema quedará zanjado.

¿Cómo? quitarán, de facto, en comisiones, el párrafo que Monreal propuso en el 307. Y en el 301 limitarán la prohibición a sólo en los ámbitos escolares, y no en los deportivos.