Guadalajara.- La ley de ingresos recién aprobada por el Legislativo mantiene la inequidad fiscal al dejar intactos los regímenes preferenciales para las grandes empresas, como la consolidación fiscal, depreciación de activos fijos y terrenos, operaciones en la bolsa de valores, donativos y las campañas de redondeo, prolongando el modelo por el cual los trabajadores pagarán más impuestos que las compañías, según señala un informe de la bancada del Partido del Trabajo (PT) con base en información del paquete económico del Ejecutivo.

Con base en datos de la Secretaría de Hacienda, el informe señala que en el primer semestre de 2010 las empresas privadas del país pagaron 125,882 millones de pesos (mdp) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras que los asalariados pagaron 155,934 (mdp) por este impuesto. El esquema del ISR empresarial se mantiene sin modificaciones en la ley de ingresos de 2011, según el estudio.

El análisis del PT considera que se mantienen las deficiencias tradicionales en la ley de ingresos de 2011, como es el incremento al gasto corriente por concepto de pago de salarios y gastos de operación en el sector público, al contrario de la reducción en los subsidios y la inversión pública. Asimismo, señala que el plan “lesiona el poder adquisitivo de la gente” al contener implícitos los incrementos a los precios y tarifas de los bienes públicos y reducir la competitividad de las empresas.

Rigoberto Reyes, académico del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, opinó que la mejor propuesta fiscal sería eliminar la consolidación fiscal, para que las 447 empresas que se benefician de este esquema “entraran a pagar impuestos”.

Explicó que si se disolviera este régimen, se podría eliminar el IETU, pues “quitar consolidación significa aproximadamente 120 mil mdp” que ingresarían al fisco, y el IETU representa ingresos por “60 mil mdp”.

Reyes señaló que no hay una “reforma fiscal de fondo”, y comentó que lo mínimo que se esperaba del paquete fiscal era la abrogación del impuesto a la tenencia y el IETU.

Sin embargo, consideró que algunas cuestiones, como las iniciativas de apoyo al nuevo empleo y de ayuda alimentaria, son positivas.

Por su parte, Bernardo Jaén, también académico del CUCEA, consideró que la política de ingresos es “netamente recaudatoria” e “inequitativa”, porque “no grava a los que deberían pagar impuestos”.

Lamentó el alza en impuestos a los cigarros y las bebidas energéticas, porque en ninguno de los casos se realiza con el fin de desestimular el consumo, sino para obtener más recursos.

Dijo que se deberían gravar las transacciones financieras y las grandes inversiones, y calificó al paquete como “nini”, pues “ni promueve el crecimiento, ni promueve la generación de empleos”.

Diputados lamentan inequidad

Tras la aprobación de la ley de ingresos, Mario Di Constanza, diputado del PRD, señaló que se mantuvieron y empeoraron los “absurdos” dentro de las percepciones, pues dijo que se consiguió un “espacio presupuestal” de 55 mil mdp mediante aumentos al cálculo del déficit del PIB, al precio del barril del petróleo (a 65.4 dólares) y el crecimiento económico, el cual quedó en 3.9 por ciento para 2011.

Di Constanza lamentó que no se haya gravado a las empresas ni limitado la subcontratación de personal dentro del paquete fiscal aprobado. Consideró que sólo se movió el marco macroeconómico, “el presupuesto vendrá igual, casi etiquetado para la reconstrucción de los estados, para ver si no termina con gastos electorales”.

Calificó como positiva la modificación al régimen fiscal de ciertas inversiones de PEMEX, pero indicó que es “absurda” debido a que entrará en vigor hasta 2012, “podrían entonces decidir no aplicarla”.

Perspectiva

La fracción del PT en el Congreso de la Unión señala que el gasto corriente del sector público será de 1,954 billones de pesos, lo que significa un incremento nominal de 113,385 mdp. El pago de servicios personales ascenderá a 847,900 mdp, y 90% de las aportaciones federales son para pago de salarios.

Según el PT, el gasto en salarios del Poder Judicial será mayor al gasto de capital de la CFE, y el gasto en ramos administrativos ascenderá a 796,952 mdp, considerando disminuciones en la SCT, por 13,170 mdp; Secretaría de Agricultura, por 5,564 mdp; Secretaría del Medio Ambiente, por 3,508 mdp y Secretaría de Desarrollo Social, por 670 mdp.

Dichas reducciones contrastan con los incrementos en Gobernación, de 7,133 mdp; Secretaría de la Defensa Nacional, de 6,406 mdp; a la Marina, por 2,279 mdp; para Seguridad Pública es de 3,295 mdp y a la PGR con 300 mdp.

Contraste en ISR

Pago de empleados: 155 mmdp

Pago de empresas: 125 mmdp