Le comento lo anterior tras analizar la evolución de los ingresos públicos en los últimos años.

Si la Cámara de Senadores aprueba en lo esencial -como seguramente lo hará- la Ley de Ingresos que les fue enviada por los diputados, tendremos para el 2011 el monto más elevado de la historia en este concepto.

Son 3 billones 439 mil millones de pesos, que representarán el 24.3 por ciento del PIB, de acuerdo con las proyecciones revisadas por los diputados.

El aumento respecto a lo aprobado en 2010 es de 2 por ciento en términos reales. No es despreciable en un ambiente como en el que estamos, pero no parece nada espectacular.

Pero si tomamos un tramo más largo, las cifras son diferentes.

Respecto al último año de la Administración Fox, el incremento será de 33 por ciento en términos reales.

Y en relación con el último año del Gobierno de Zedillo, resulta que el aumento sería de 81 por ciento en términos reales.

Ya le hemos comentado en diferentes ocasiones que ni los que proponían reformas fiscales muy agresivas imaginaban que el sector público mexicano pudiera incrementar sus ingresos en las proporciones que le referimos.

De verdad que en estos últimos 11 años, el Gobierno auténticamente se sacó la lotería.

Pero la eterna pregunta es si el hecho de que el sector público cuente con 80 por ciento más recursos ha significado que es 80 por ciento más capaz de influir positivamente en la actividad económica.

Las obligadas comparaciones internacionales nos dicen que hay muchos países que tienen ingresos públicos superiores a México (si los comparamos con el PIB) y han tenido un desempeño económico mucho mejor en el largo plazo, como buena parte de los países europeos.

Pero también hay naciones cuyos estados manejan menos recursos, como algunos asiáticos, que también tienen un muy buen desempeño.

El efecto que la concentración de recursos públicos en manos del Estado tiene sobre la economía depende mucho de la forma en la que operen los gobiernos, sus entidades y sus empresas.

La experiencia mexicana reciente indica que aunque crezcan de modo muy importante los ingresos públicos, como de hecho ocurrió, ni se resuelven los problemas sociales ni tampoco los de infraestructura, ni los de gobierno o seguridad, que son a los que hipotéticamente apunta el gasto público.

Si, por un milagro, de repente el sector público mexicano contara con recursos que duplican los actuales y estuvieran en niveles equiparables a los que tienen los países nórdicos, puede usted apostar a que habría una enorme dilapidación de ese dinero.

Ya hemos visto experiencias ocasionales en las que las arcas públicas se inundan de dinero de un año a otro, sobre todo por efecto del precio del petróleo, y nada esencial cambia.

Y cambiaría mucho menos ahora que cerca de la mitad del gasto es ejercido específicamente por las entidades federativas y son éstas las que tienen menos controles y vigilancia en el uso de los recursos.

En otra circunstancia, tener los ingresos públicos más elevados de la historia sería para hacer fiesta. En las condiciones actuales, me parece que no habrá ninguna diferencia sustantiva.