Como todos los años nos quedamos esperando una propuesta del ejecutivo de una verdadera reforma fiscal, que venga a darle un respiro a los sufridos contribuyentes al momento de determinar y pagar sus contribuciones, toda vez que las leyes fiscales actuales, en algunos casos se convierten en un verdadero galimatías hasta para los más avezados profesionales del área de impuestos, que ya no saben qué hacer con tantas leyes, resoluciones, circulares, decretos, criterios, facilidades y demás.

Es una verdad insoslayable que entre más fácil sea la determinación de un tributo, incentiva a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, amén de que con ello se impide en gran medida la aplicación de prácticas fiscales indebidas que llevan como objetivo la evasión fiscal, entre las cuales podemos mencionar a las prestadoras de servicios, mejor conocidas como "outsourcing", mismas que ocasionan además un daño colateral a los trabajadores al no percibir de manera completa todas sus prestaciones laborales Es imprescindible que el Estado perciba los recursos necesarios para solventar los requerimientos de una sociedad cada día más demandante, tales como seguridad, salud, educación, y esto únicamente puede ser a través de una recaudación eficiente, pero sobre todo eficaz, sin embargo vemos que el presupuesto de egresos que envió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados contiene una reducción substancial en los recursos federales que se proyectan para el Estado de Sinaloa en el año fiscal 2011, lo que va a afectar significativamente en los programas de mayor importancia, entre los que destacan el apoyo al sector agrícola y el de seguridad, sin dejar de lado a los ramos restantes.

Es por ello que se hace necesaria una reforma fiscal a fondo, no únicamente en el aspecto de la recaudación de los ingresos, sino también en la aplicación de los recursos públicos, que el ciudadano

sepa con toda exactitud en qué se están aplicando sus impuestos, que

tenga la certeza de su manejo escrupuloso, porque de esta manera se

siente más comprometido a cumplir con sus obligaciones en materia

fiscal.

Es de todos sabido que el Estado a través de las autoridades fiscales

tiene facultades para revisar la contabilidad de los contribuyentes,

determinar y cobrar los tributos no declarados, sin embargo también

sabemos que se requiere de un aparato burocrático bastante robusto

para cumplir a plenitud con esta tarea, con los gastos que ello

ocasiona, mismos que perfectamente se pueden aplicar a inversión o

programas sociales, por consiguiente resulta más económico y sencillo facilitar al administrado el pago de sus impuestos mediante la emisión de leyes más sencillas que no den lugar a ambigüedades o lagunas que la mayor de las veces son aprovechadas por los grandes contribuyentes, los cuales son los que cuentan con los recursos financieros suficientes para pagar las firmas más sobresalientes de contadores y abogados que les realizan estrategias fiscales o les tramitan los juicios necesarios para eludir el pago de los impuestos a que se encuentra sujeto.

No es tarde para que pensemos en las facultades recaudatorias de las

autoridades estatales para implementar políticas de recaudación que

le den certidumbre al contribuyente cumplido, y no ocurrencias en

función del estado de ánimo que incentiven al incumplido.