Guillermina Coutiño, la juez de distrito ante la que fueron concentrados los amparos, notificó ayer sus primeras nueve sentencias, en las que determinó que los cambios violan la garantía Constitucional de no aplicación retroactiva de la ley.

Lo anterior porque se afectaron derechos adquiridos de empresas que por años habían ejercido bajo ciertas condiciones la figura del pago consolidado del impuesto generado por controladoras y filiales.

Los amparos fueron otorgados a las empresas Grupo Alfa, Grupo Cementos de Chihuahua, San Luis Corporación, Sare Holding, Mexichem, Radio Centro, Grupo Industrial Omega, Corporación Zapata y el consorcio regiomontano Xignux, en contra de cinco artículos de la Ley del ISR, así como un artículo transitorio que estableció las reglas para aterrizar el nuevo sistema de pago.

Fuentes oficiales informaron que este juzgado tramita alrededor de 130 amparos, pero cada demanda representa a un promedio de entre 10 y 20 empresas, entre controladora y subsidiarias, pues se trata de las compañías más importantes del País.

Las sentencias serán impugnadas por Hacienda, y la decisión final estará en manos de la Suprema Corte, que emitiría su criterio hacia mediados de 2011.