El pasado 29 de septiembre, el Congreso del Estado revisó las cuentas públicas del Ayuntamiento de Tijuana del 2008 y no las aprobó porque realizó 59 observaciones, entre las que están el pago en exceso de unidades y obras públicas, y la entrega de permisos de alcohol irregulares.

El dictamen 378 del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detalla que el secretario General de Gobierno Municipal autorizó 65 permisos temporales, concepto que no está contemplado en la Ley ni en el Reglamento de Alcoholes.

Expone que los permisos irregulares fueron autorizados entre los meses de abril a septiembre de 2008, con una vigencia de 60 días naturales.

Cabe señalar que el 10 de diciembre de ese año, añade, el Cabildo de Tijuana autorizó 148 permisos para la venta de alcohol, entre los que estaban 58 de los permisos que se habían entregado de manera temporal.

El dictamen del OSF establece que la Ley y el Reglamento de Alcoholes sólo contempla autorizaciones permanentes y eventuales para la venta de alcohol, y no temporales.

Agrega que por las 40 licencias temporales, el Gobierno Municipal cobró 183 mil 502 pesos, monto que tuvo que ser etiquetado como donativos.

En materia de alcoholes, el Órgano de Fiscalización también detectó la operación de sitios donde se vendían bebidas alcohólicas, a pesar que no contaban con los permisos necesarios.

Apunta que se revisaron 80 solicitudes pendientes para la venta de alcoholes y que una inspección de los lugares arrojó que 6 establecimientos operaban sin permiso.

El Capella-móvil

Una de las observaciones realizadas por el OFS tiene que ver con la compra del Centro de Control Móvil, que se realizó cuando Alberto Capella Ibarra era el secretario de Seguridad Pública Municipal.

El también conocido como Capella-móvil no tuvo un costo de 6 millones de pesos, como el Ayuntamiento lo informó durante la presentación de la unidad y lo hace actualmente en su página de transparencia.

El verdadero costo del Centro de Control Móvil fue de 8 millones 591 mil pesos, 1 millón 900 mil pesos más de lo presupuestado, porque la empresa Fema Automotriz no lo había cotizado con el equipamiento policiaco.

Otras observaciones a las cuentas públicas fueron el pago en exceso por obras de desarrollo social, por montos que van de los 30 mil a los 280 mil pesos, de acuerdo al dictamen de la OFS