En su informe “Gobierno Corporativo y Medidas del Consejo en Pemex Evaluación y Recomendaciones”, la organización planteó la conversión de Pemex a “una sociedad de responsabilidad limitada normal o por lo menos en una sociedad creada por ley, que cumpla lo más riguroso posible con el derecho corporativo vigente”.

Las recomendaciones contemplan una reestructuración de la petrolera para eliminar las barreras de los regímenes fiscales que le privan a la empresa de recursos para su operación, así como las disposiciones constitucionales que concede exclusivo derecho al Estado “para explorar, explotar, refinar y tratar petróleo y gas natural”.

Además, la OCDE sugirió a México avanzar en el mejor funcionamiento del Consejo de Administración, del cual consideró redundante su existencia, e innecesaria la presencia de tantos funcionarios públicos.

Denunció que éstos últimos provocan conflictos de intereses y bloquean la eficiencia operativa, es decir, “un veto de facto para las medidas que requiere tomar la empresa”.

En este sentido, la OCDE subrayó que “un consejo corporativo es un órgano colegiado, cuyo cometido es trabajar en forma conjunta. Un consejo no es una extensión de la administración pública”.

Así, el documento solicitado Pemex y presentado por Georgina Kessel, titular de la Secretaría de Energía (Sener), dejó claro que mientras no se delineen los objetivos e intereses de la empresa, la calidad en su labor seguirá siendo la misma.