Los gravámenes a la renta resultan ahora más bien tres: el ISR, el IETU y el IDE, que en conjunto se les denomina "sistema renta". En los primeros siete meses de este año representaron el 53 por ciento de los ingresos tributarios en México.

El segundo es el IVA, que representa el 33 por ciento de los ingresos tributarios en el País, claro, sin considerar los ingresos petroleros.

Aunque los IEPS en alguna medida gravan también al consumo, no son impuestos al consumo en su definición, y en realidad tienen el objetivo de resarcir los costos sociales de ciertos productos o servicios, como las bebidas alcohólicas o los cigarros.

Ya se ha dicho hasta el cansancio por parte de los partidos políticos que del IVA ni hablar.

Se presente o no alguna modificación a sus tasas en el paquete económico para el próximo año, lo más probable es que los partidos no acepten ninguna modificación importante en la materia.

Todo apunta entonces a que la modificación fiscal más importante para el próximo año corresponda al "sistema renta".

Las dos opciones que se están evaluando tienen que ver con alzas de las tasas.

Por un lado, se estudia la posibilidad de llevar la tasa marginal máxima de este impuesto aplicable a las personas físicas hasta 32 por ciento, una tasa que teníamos en México hasta el sexenio pasado.

El alza de la tasa no podría ser exclusiva para personas físicas, pues habría el llamado arbitraje fiscal. Por esa razón, también debería ser aplicable al impuesto a las utilidades de las empresas.

La otra opción es el aumento de la tasa del IETU. Sea que se mantuvieran los dos impuestos o si se elimina el ISR y se deja subsistir solamente el IETU, se consideraría la posibilidad de aumentar la tasa, quizás hasta el 19 por ciento.

El aumento en la tasa máxima del ISR para personas físicas no enfrentaría costos políticos, pues puede argumentarse que con ello mejoraría la equidad del sistema tributario mexicano, si no se incrementan las tasas a ingresos más bajos.

Sin embargo, el hecho de que también tuvieran que pagar más impuestos las empresas tendría implicaciones negativas en la medida en que eleva el costo fiscal de las inversiones, lo que va a traer también un desincentivo para la generación de empleos.

Ya le comentamos ayer que la elevación de los impuestos tendrá que combinarse con más deuda, reducción del gasto público y aumentos de precios públicos, para poder resolver los dilemas de las finanzas públicas el próximo año.

El próximo 8 de septiembre ya se conocerá el detalle de las propuestas al ser enviadas al Congreso, pero seguramente va a ser hasta bien entrado el mes de octubre cuando se negocie el detalle.

En lo que parece haber consenso entre las diferentes fuerzas políticas es que no se podrá salvar el año sin un ajuste fuerte tanto en gasto como en ingresos.

Todavía hasta hace algunos meses había quien señalaba que era factible resolver la crisis fiscal simplemente con mayor déficit, es decir, sin tocar impuestos ni gastos.

Dadas las condiciones del mercado crediticio, se ve casi imposible apostar a la contratación de la deuda la solución de la crisis fiscal.

Además, debido a que no se aprecia que pueda haber un fuerte repunte de la actividad económica en los siguientes años, no existiría la posibilidad de que se pudiera repagar la deuda en el corto plazo.

En realidad, el menú más relevante, considerando la posibilidad de llevar el déficit un 0.6 por ciento del PIB arriba, es cuánto recorte del gasto, cuánto de aumento en precios públicos y cuánto más de impuestos a los ingresos de las empresas y las personas habrá.

enrique.quintana@reforma.com

La estructura impositiva en México

(Miles de millones de pesos al primer semestre)

ISR-IETU-IDE 322.2

IVA 198.7

IEPS 43.4

A la importación 14.1

Otros 30.6

Fuente: SHCP