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La agenda presidencial del “no pasará”
25/08/2010
Enrique Campos Suárez
Por lo que dijo ayer el Presidente, este resto del sexenio se va sin un solo intento más de sacar adelante alguna de las tantas reformas legislativas pendientes.

El sistema democrático está atascado en los intereses de los partidos políticos y no hay manera de que la oposición otorgue las herramientas de gobierno a la administración ejecutiva, que por su parte no encuentra la habilidad política para presionar, vía la opinión pública, a un poder como el Legislativo secuestrado por intereses particulares.

La ausencia de una legislación adecuada a este país se le nota por todos lados. En los asuntos de seguridad, energía, trabajo, ingreso y gasto.

La parálisis cumple ya 13 años, desde que en 1997 el PRI perdió la mayoría legislativa y los opositores de entonces, panistas y perredistas se dedicaron a bloquear cuanta propuesta formulaba el gobierno de Ernesto Zedillo.

Fue en aquellos años que abortó una reforma energética que hoy sería la diferencia en ese sector. Y si no se logró fue porque el Partido Acción Nacional, traicionando sus propios principios, rechazó la iniciativa sólo porque venía de un presidente priísta.

Y claro que cuando los priístas perdieron la Presidencia juraron una venganza legislativa que, por lo visto, cumplirá sus dos sexenios consecutivos.

Los parches logrados hasta ahora son cambios incompletos, inconclusos y totalmente insuficientes para levantar a este país de su parálisis. Pero es lo que tiene Calderón y con eso se va a quedar.

En el terreno fiscal, no le va a mover, la mal llamada reforma fiscal del año pasado deberá servir para transitar el resto de esta administración.

Está claro que si ya desde el año pasado lograron sacar adelante un paquete fiscal lleno de hoyos y malos parches, pero que cumple con el objetivo de aplicar el “ahí se va” presupuestal, pues lo van a repetir de aquí al 2012.

Lo ideal sería tener un esquema tributario en donde dos impuestos, el ISR y el IVA, fueran el eje de la recaudación. Pero la administración política de los temas técnicos y el otorgamiento de privilegios con el sombrero de los impuestos llenó de hoyos estas dos canastas de recursos.

Y como corregir esas fallas implica dejar de favorecer a ciertos grupos y, por lo tanto, tiene un costo político, pues no hay manera de pedirle eso a los que viven y sueñan por el poder.

Entonces, la administración de Calderón se queda muy cómoda con el Impuesto al Valor Agregado a 16% y la tasa del Impuesto Sobre la Renta inflada.

Ya si los legisladores quieren adornarse con una baja de impuestos, pues será su iniciativa y, por lo tanto, su responsabilidad al momento de cuadrar los gastos.

Pero verdaderamente hacer que las cifras coincidan. Porque inventar ahorros donde no es posible o reasignaciones donde no es prudente, implica riesgos mayores.

Lo que promete el presidente Calderón es mantener la política de hacer una reforma estructural unilateral, o sea, una que sólo dependa del poder que controla. O sea, bajarle a los trámites y a la burocracia para que cueste menos relacionarse con el gobierno.

Hay una resignación del Ejecutivo ante la evidente imposibilidad de hacer bien las cosas de la mano con el Congreso. De aquí al último día de esta administración alcanza para entregar la banda presidencial con orden, pero sin progreso.

La pregunta es ¿qué va a pasar cuando llegue el siguiente gobierno?

No sólo tendrán que partir del sótano, sino que en los escenarios de división política que hay es difícil pensar en un partido con mayoría en el Congreso y la Presidencia al mismo tiempo. Y el que llegue lamentará o no haber tenido habilidad política para hacer los cambios o haberlos bloqueado por tanto tiempo.

La primera piedra

Hasta donde parece que llegó el acuerdo para la compra de Mexicana, Tenedora K tiene 95% de las acciones y el sindicato de pilotos el otro 5 por ciento.

No aparece por ningún lado alguna participación accionaria o de rescate con recursos públicos del gobierno federal, como para que asuma una posición de decir qué le parece admisible y qué no en el manejo y la toma de decisiones de una empresa privada.

Es evidente que la mejor postura que puede asumir el gobierno federal, vía la Secretaría del Trabajo, es la de la defensa de las plazas laborales. Pero tomar partido en la negociación de una empresa prácticamente quebrada puede no ayudar mucho a los objetivos de supervivencia de la línea aérea.

Fuente: El Economista    
Categoría: INDICADORES ECONOMICOS Y PROSPECTIVA    





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