Monterrey.- Por no atender al rechazo del Congreso e insistir en que seguiría operando los mismos horarios de cierre de antros, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, podría enfrentar algún proceso legal y el Legislativo ya analiza posibles sanciones.

En la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Héctor Gutiérrez de la Garza, señaló que a su solicitud, la Dirección Jurídica había comenzado un análisis legal sobre el procedimiento a seguir una vez que Mauricio Fernández Garza señalara en los medios de comunicación que aunque hubieran rechazado su solicitud de extender el horario de ventas, Él continuaría con su práctica actual.

Gutiérrez de la Garza dijo que las declaraciones de Fernández Garza fueron una apología del delito, ya que señaló que no aceptaba la resolución del Congreso y no la acataría, lo que significa una violación directa a la ley y la constitución.

“Lo que solicitamos fue un estudio institucional que nos da diversas alternativas de procedimiento y lo que estamos haciendo es remitirlo a la directiva para que lo turne a la comisión correspondiente y se tomen acciones”, dijo el coordinador tricolor.

Insistió en que la fracción IV del artículo 63 de la Constitución del estado da al Congreso la obligación de vigilar las leyes y es por eso que están tomando estas medidas.

El estudio jurídico del cual MILENIO Monterrey tiene una copia, establece que el Poder Legislativo si tiene atribuciones para proceder contra el alcalde Mauricio Fernández Garza, y determina qué tipo de acciones se pueden tomar.

En primera instancia procede un exhorto realizado de modo atento y respetuoso al edil para que cumpla con las disposiciones de la Ley de Prevención y Combate al Abuso del alcohol, sin embargo esto no tiene ninguna implicación legal.

En una segunda instancia se puede incluso revocar el mandato del alcalde si dos terceras partes de la legislatura esto por fallar a los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de la Administración Municipal al violentar reiteradamente un reglamento, lo cual se considera abuso de autoridad.

Por último procede una denuncia penal, pero para ello habría que ejecutar un proceso de desafuero.

Para ejecutar cualquiera de estas posibles sanciones es necesario que se presente una denuncia por parte de un ciudadano o cualquier persona que se sienta agraviada por las acciones del alcalde, y presentar pruebas al respecto.

El Congreso no es el MP: PAN

Para el coordinador del PAN, Hernán Salinas Wolberg, todo este procedimiento es equivocado porque se utiliza a una dirección del Congreso en un tema del cual no se tiene competencia.

“Se quiere fungir como una entidad investigadora, esta decisión la tomó de mutuo propia el presidente de la Comisión, esto no lo pusieron a nuestra consideración y está extralimitándose en sus funciones, tanto la comisión como el diputado”, dijo.

Consideró lamentable que se dé al Congreso un uso político-partidista para intentar golpear a las administraciones panistas, como se hizo en el caso de la controversia constitucional en contra del municipio de Monterrey.

El legislador del PAN hizo un exhorto a todas las fracciones para que reflexione sobre estas acciones y no utilicen de una manera equivocada a los órganos de Congreso para sacar ventajas político-partidistas.