Toluca, Estado de México (12 agosto 2010).- El éxito de la detención y consignación de aquéllos que se dediquen a vender artículos apócrifos dependerá de que los operativos de decomiso se ajusten a las nuevas normas, tras las reformas legales que ahora permiten seguir de oficio este delito.

El delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), Pedro Guevara, explicó que para ello han impartido cursos de Registro de Cadena de Custodia, que permiten unificar criterios entre las Policías municipal, estatal y federal, para decomisar y redactar los informes cuando se efectúa un operativo.

De no hacerlo correctamente, advirtió, pueden quedar en libertad los presuntos responsables.

Guevara destacó que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Propiedad Industrial en junio pasado, ya se consiguió consignar a la primera persona por este delito, mientras en el último año no hubo ningún procesado.

"Cualquier institución puede y debe de actuar en flagrancia, pero preservando el lugar de los hechos, procurando no manipular más de lo necesario los objetos del delito y mediante un formato especial hacer la puesta en disposición del Ministerio Público", detalló.

Durante el primer semestre del año, los 59 operativos contra piratería que ha realizado la PGR en la entidad han dado como resultado 24 detenciones y una consignación.

En 2009 la delegación estatal de la PGR realizó 88 operativos que derivaron en 75 detenidos, sin que se registrara alguna consignación.

"Un problema que se presentaba antes de la reforma, al ser un delito que se perseguía por querella, era que el titular de los derechos conservaba la facultad de otorgar el perdón. En el año 2009 no hubo una sola persona consignada porque en todos los casos se otorgó el perdón y no fue posible el ejercicio de la acción penal", explicó el delegado.

Persiguen de oficio desde julio

Desde el 29 de junio, el delito de la piratería se persigue de oficio, es decir, sin que exista denuncia o querella.

De acuerdo con el decreto publicado por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron los artículos 429 del Código Penal federal y el 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las reformas establecen penas de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo a quien venda a cualquier consumidor final, en vías o lugares públicos, establecimientos comerciales o de manera organizada o permanente, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial.

Durante 2009, las pérdidas para las industrias de la música, películas, software, vestido y del calzado se calcularon en 888 mil 380 millones de pesos.