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Voy derecho / El camino a la legalización
09/08/2010
José Eugenio Castañeda E.
La semana pasada, en el marco del foro de discusiones sobre la seguridad pública, el presidente Calderón se refirió por primera vez a la necesidad de hablar sobre una eventual legalización de algunas drogas en México.

Desde luego no se ventiló el tema como una posibilidad real, ni mucho menos cercana, pero resulta de interés y utilidad el que cuando menos se hable de ello al margen de puritanismos hipócritas. Desde luego no falta quien se razgue las vestiduras y ponga el grito en el cielo con la sola mención de la palabra "legalización", pero lo mismo ocurrió hace ya muchas décadas cuando se comenzó a considerar este asunto en Estados Unidos, en la época del tristemente recordado prohibicionismo del alcohol en ese país.

Desde luego, se sabe que si el narcotráfico es un negocio jugoso, se debe al hecho de que se trata de un delito y que si esto cambiara --su atractivo principal lo constituyen las ganancias que genera-- tal negocio terminaría.

Sin embargo, quienes hemos propuesto le legalización como una opción viable, que debería desde luego ir acompañada por una permanente campaña de persuasión y prevención sobre los efectos de su consumo, somos vistos con frecuencia como emisarios del mal, a quienes no nos importa la salud y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Nada más alejado de la realidad.

De lo que casi nadie habla, o por lo menos no en foros abiertos y serios, es sobre la legitimación del Estado, como guardián de la conducta de los gobernados, cuando su hacer o no hacer no suponga un daño a terceros.

El gobierno dice que las campañas contra el tabaco y las que advierten sobre el consumo de alcohol tienen por objeto el velar por la salud pública y el tratar de disminuir los altos costos que representan las enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos, esto desde luego es parte de los deberes de toda autoridad, pero no supone la prohibición del comercio de estos artículos ni mucho menos de su utilización por parte de los ciudadanos, sino únicamente su regulación, ¿por qué, entonces, otras drogas sí están prohibidas?

Vivimos en una sociedad en la que pareciera que el axioma principal lo constituye el ejercicio pleno de las libertades individuales y sociales, bajo la premisa fundamental de no causar daño a los demás. Hoy las personas del mismo sexo, pueden "casarse" y hasta adoptar hijos si así lo desean, es un derecho constitucionalmente válido, según una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Quienes lo hacen están ejerciendo su libertad, a pesar de que su comportamiento incomode a otros. Como el anterior ejemplo existen muchos.

A pesar del grave problema de la obesidad adulta e infantil y de la diabetes y demás enfermedades relacionadas, a nadie se le ocurriría prohibir la venta de refrescos, papitas, pasteles o tacos de carnitas.

El gobierno, sin embargo, en cumplimiento de sus funciones, se limita a advertir sobre un potencial daño a la salud, y qué bueno que lo hace, pero no puede ni debe restringir la ingesta de este tipo de productos, con todo y el altísimo costo que suponen dichas enfermedades para las instituciones de salud pública.

Con el consumo de las drogas debería pasar lo mismo. El gobierno tendría siempre la obligación de prevenir a todos sobre las graves consecuencias que su uso y abuso causan en la salud, pero dejando de lado un paternalismo anacrónico que lo constituye de facto y de Derecho en juez y censor respecto de lo que las personas pueden libremente hacer o no hacer.

¿Habrá quien pueda contestar con objetividad y seriedad, por qué, usted lectora, lector o yo mismo, sí podemos intoxicarnos con cualquier bebida alcohólica hasta perder la conciencia o fumarnos los cigarrillos que nos plazca, así como adquirirlos sin límite ni restricción alguna, sin que nadie nos moleste o cuestione, siempre y cuando al hacerlo no le hagamos daño a nadie más y esto suceda en los lugares adecuados y permitidos para no provocar molestias a terceros?

¿Quién tiene la autoridad moral para determinar lo que es lícito o no?, si la respuesta fuera que el gobierno, ¿quién se la concedió?

Sobre el tema habrá que hablar y escribir mucho, pero de manera seria, profunda y comprometida. Si no ocurre así, el negocio del narco seguirá, acompañado por la ola de muertes y de sangre que su prohibición implica. ¡Urge quitarnos la venda de los ojos!

Aquí nos vemos, yo voy derecho...

Fuente: El Financiero    
Categoría: REGULACION Y NORMATIVIDAD    





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