El representante de la organización recriminó que con la normatividad - que se espera sea publicada esta semana- “criminalizarán” a los anunciantes que no están regularizados y, además, dejará sin empleo a más de 150 mil personas.

“Con la ley en total van a ser afectadas 150 mil personas. En la parte de AMURMEX son cerca de 15 mil personas, más las personas que recibieron dinero directo por la publicidad que le ponían a sus edificios”, explicó.

Carlos Fernández aseguró que, en un principio, la idea era sólo bajar anuncios de algunos lugares, pero al final terminó por afectar a todos.

“Tuvimos pláticas con el secretario [de Desarrollo Urbano] para llegar a un acuerdo, pero luego nos dijeron que ya iban a publicar la ley, entonces ya no entendemos ese doble discurso”, dijo.

Lo anterior, denunció, se suma a la “promesa” que les hizo la consejera jurídica Leticia Bonifaz al asegurar que, antes de ser publicada la ley en la Gaceta Oficial, ella se acercaría con los anunciantes para ver cómo iba a estar conformada, pero eso, hasta ayer, no pasó.

Por ahora, dijo, la organización, la cual agrupa a 64 pequeñas empresas, prevé interponer un amparo en cuanto entre en vigor la normatividad.

“Estamos muy inermes. En principio porque los clientes se asustan, los dueños de los predios se asustan, porque como la ley penaliza la actividad, eso hace que nos convirtamos en criminales, pero ya estamos pensando en interponer un amparo […] Van a ser cientos de amparos, porque son cientos de empresas afectadas”, advirtió.

Fernández aseguró que, en caso de que lo jurídico no sea suficiente, los afectados realizarán una campaña de información a la población y a la opinión pública respecto a la cantidad de empleos que se perderán con la ley.