Aclaración asaz impertinente: la llamada “Ley Antiborrachos” que está a punto de caramelo en el Congreso de Jalisco, no lleva dedicatoria. Más concretamente: no pretende ser una especie de escudo jurídico confeccionado para proteger al ciudadano común de alguna eventual embestida, de palabra u obra, de equis o zeta funcionario público, orientada a remitirlo, al calor de las copas, “al seno de su santa madre”, para utilizar la piadosa expresión del inmarcesible Pito Pérez.

—II—

La coloquialmente llamada “Ley Antiborrachos”, como es público y notorio, es, en realidad, un paquete de reformas a leyes estatales vigentes en Jalisco, y a reglamentos de aplicación en los municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara. Dichas reformas van desde la regulación para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, hasta las sanciones para los automovilistas que, alcoholizados, incurran en infracciones o —peor aún— participen en accidentes que causen daños, o lesionen y aun ocasionen la muerte a terceros.

Los afanes para legislar en ese sentido se explican: al margen de los recientes esfuerzos de la delincuencia organizada por reposicionarse en esa materia, los accidentes viales vinculados con el consumo de alcohol siguen siendo una de las principales causas de muerte entre los tapatíos... y sobre todo entre los jóvenes.

—III—

Puesto que las leyes —todas las leyes— son esencialmente perfectibles, una vez que las reformas en cuestión entren en vigor, quienes entienden que con ellas no se pretende conculcar derechos y sí, en cambio, promover la “diversión responsable” (como la llama uno de los padres de esta iniciativa) y preservar la integridad física y la vida del ciudadano, éste deberá estar ojo avizor con respecto a un par de consecuencias de la aplicación de las nuevas normas: una, el cuidado que los propios legisladores tengan de ajustar clavijas en los aspectos en que se estime pertinente; otra, estar al pendiente de la honestidad, la integridad y el celo con que se comporten quienes se encarguen, “en campo”, de hacer cumplir la ley...

No vaya a ser que, a la voz de “hecha la ley, hecha la trampa”, los esquemas de corrupción —institucionalizados, para mal, entre nosotros— no repercutan en los beneficios sociales que se pretenden, y sí en el beneficio pecuniario de quienes interpretan que un uniforme de policía es una variante de la “charola” de James Bond, que confiere “licencia para robar” (o extorsionar, si se prefiere) a quien la porta.