de urgente y obvia resolución, por el que se demanda a la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP) que provea de información real al órgano legislativo

sobre las grandes empresas del país que no pagan impuestos. La documentación

se remitiría a la comisión especial encargada de revisar los gastos fiscales de la

administración federal, que actualmente rebasan los 500 mil millones de pesos al

año.

Laura Itzel Castillo, del Partido del Trabajo (PT), reclamó desde tribuna la

escasez de información, en momentos en que se reduce dramáticamente el

tiempo para aprobar la ley de ingresos, y propuso que el pleno de la cámara exija

a las autoridades del ramo que provean la documentación referente a los

beneficios fiscales de las grandes empresas.

Desde el pasado 17 de septiembre, diputados y diputadas de la fracción

parlamentaria del PT hicimos una solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público para que nos señalara los nombres de las 100 empresas o bancos que

fueron beneficiados por la devolución de impuestos; sin embargo, hasta el día de

hoy no se ha tenido respuesta.

¿Cuántos recursos traería al Estado eliminar, sin contravenir derechos

constitucionales, los regímenes especiales como la consolidación fiscal, la

exención de impuestos por venta de empresas en la bolsa, la depreciación

acelerada de activos, el abuso en donativos deducibles de impuestos y el

incumplimiento de pagos de créditos fiscales?, cuestionó.

Armando Ríos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), secundó la

postura de Castillo, no obstante asumió como beneficios a las grandes empresas

los gastos fiscales que se destinan a los subsidios dirigidos a los sectores más

pobres del país.

Cuando hablamos de casi 460 mil millones de pesos que un grupo de grandes

consorcios ha logrado no pagar, ha logrado eludir la responsabilidad con la

nación, entonces tenemos que empezar a pensar si queremos, como legisladores,

como representantes del pueblo que somos, empezar a transformar

verdaderamente más allá del discurso esta realidad lacerante en la que tenemos a20 millones de personas.

El panista Gastón Luken reveló el temor de su partido por el futuro uso que se

le pudiera dar a la información aportada por Hacienda. Por eso nuestro llamado

atento, respetuoso y subrayado a que esa información que tengamos, que

obtengamos por los procedimientos correctos, se use de manera adecuada y no

para el escándalo; pero sí para una toma de decisiones responsable.

Tal como ya lo ha reflejado en la mayoría de los debates en San Lázaro, el

PRI no se comprometió con una demanda tácita de información; al contrario,

matizó la solicitud para no confrontarse con el gobierno ni con los empresarios.

Rolando Zapata fue el encargado de enunciar una propuesta tenue:

Asumimos una posición a favor, lisa y llanamente, de la solicitud de

información, y lo hacemos en primer lugar sin prejuiciar. Y eso es algo muy

importante, y lo señalamos de manera enfática, sin prejuiciar ni a las empresas,

que como ya se ha señalado, haciendo uso de los instrumentos institucionales de

nuestro derecho positivo han realizado sus contribuciones; ni prejuiciando a la

autoridad federal, por presunta falta de transparencia.

Por eso me permito hacer una modificación, proponer una modificación a

este punto de acuerdo, en el sentido de que el contenido de estas preguntas sea

aprobado, y las mismas sean turnadas de inmediato a la comisión especial

referida, es decir, la del Análisis del Presupuesto de Gastos Fiscales, para ser

desahogado su trámite de inmediato.

Como ha ocurrido en las votaciones en el pleno camaral, con la intervención

del PRI se define el rumbo, y ayer no fue la excepción. Por unanimidad todos los

partidos votaron para que la autoridad hacendaria proceda a entregar la

información a la comisión especial de gastos fiscales encabezada por Sebastián

Lerdo de Tejada.