suprimió la propuesta del Ejecutivo de congelar e intervenir las cuentas bancarias de contribuyentes cuando se presumiera

defraudación fiscal y de hacer responsables solidarios a los accionistas de una persona moral sujeta a juicio.

Esas medidas fueron rechazadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que las señal;o como invasión y

violación de las garantías individuales, y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que las definió como una

nueva era de terrorismo fiscal. Así, sólo se podrá transferir recursos de las cuentas a la tesorería cuando el crédito fiscal se

considere firme por una autoridad judicial.

Los diputados autorizaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercer el cobro, de inmediato, de adeudos

cuando haya sentencia de crédito firme, sin tener que iniciar una nueva querella, como hasta ahora sucede.

También aceptaron la propuesta de sistematizar la comprobación de gastos, mediante la entrega de facturas vía

electrónica, aunque impusieron un plazo de un año para que la Secretaría de Hacienda demuestre la efectividad de ese

mecanismo.

Durante el debate se admitió incluir un artículo transitorio para facultar al Congreso de la Unión a solicitar a Hacienda

y al SAT información fiscal, para evitar que ésta se maneje de manera discrecional y afecte a los contribuyentes.

Tras la aprobación del Código Fiscal, el presidente de la comisión, el panista Alberto Becerra Pocoroba, anunció que

ese órgano legislativo trabajará a marchas forzadas para tener listo el dictamen de Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal

2010 a más tardar el lunes 19, con objeto de que éste se presente en una sesión extraordinaria ese mismo día, a partir de

las siete de la noche.

De ser así, se repetiría el esquema de votación por cansancio durante la madrugada del martes 20, fecha límite para la

aprobación de los ingresos.

Se dio a conocer del lado del PRI que tras la reunión que sostuvieron el lunes 17 de los 19 gobernadores surgidos de

ese partido con diputados, senadores y la dirigencia nacional, se determinó presentar los lineamientos básicos de la

propuesta fiscal que impulsarán los priístas en la negociación de los próximos días.

La información obtenida refiere que el PRI mantiene su postura de rechazar el impuesto de 2 por ciento al consumo

generalizado propuesto por Hacienda.

Respecto del impuesto de 4 por ciento de IEPS a las telecomunicaciones, se pretende exentar de dicho gravamen

únicamente a la telefonía fija e Internet, por lo que sí se pagaría por el uso de telefonía móvil y televisión de cable.

También se considera la posibilidad de elevar la estimación del precio de la mezcla mexicana de petróleo de

exportación.

Se aceptaría la propuesta de incrementar la tasa del ISR, que pasaría de 28 al 30 por ciento. Y, por último, se abre la

puerta a la propuesta de aplicar los impuestos especiales a cervezas y refrescos.