Lo anterior se llevaría a cabo a través de formularios que tendrían que entregar junto con sus declaraciones al fisco, y si llegaran a falsear información, podrían ir a la cárcel, tal cual lo prevé la ley.

La Business Software Alliance (BSA) informó que se trata de un esquema que fue presentado hace unos días al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda.

Sería una estrategia para reducir el uso ilegal de los productos, pues las firmas tendrían que comprobar las licencias en las auditorías.

Montserrat Durán, directora senior de Asuntos Legales de la BSA para Latinoamérica, explicó que la idea es que Hacienda, a través del SAT, solicite a las empresas que junto con su declaración anual informen si cuentan con una licencia de software por cada equipo.

Si al momento de hacerle una auditoría se descubre que mintió en su declaración, la ley dentro del Código Fiscal Federal ya prevé cárcel para quienes falseen información.

Durán agregó que sólo será necesario incluir, junto con los formatos de declaración anual, formas en las que las empresas informen del tipo de software que usan, y contratar personal para realizar auditorías a los equipos.

Esta estrategia empezó a aplicarse hace unos años en Colombia, donde se ha logrado reducir en 3 puntos porcentuales la presencia de software ilegal en el mercado, al pasar de 58 a 55 por ciento.

Kiyoshi Tsuru, director de la BSA, dijo que esta iniciativa beneficiará a las mismas empresas, toda vez que la compra de software legal es deducible de impuestos, por lo que en el largo plazo les resultará una ventaja.

Según la BSA, en México en 2009 se registró un incremento de un punto porcentual en la cantidad de software pirata que existe, al pasar de 59 a 60 por ciento.

En tanto, en Serbia, Italia y Grecia, donde ya se fiscaliza el uso de software legal, la piratería se ha reducido en 6 puntos porcentuales entre 2005 y 2008.

De funcionar este modelo en el País, la BSA lo aplicará en otros, como Perú y Chile.

En 2009, la industria del software reportó una merma de 40 mil 700 millones de pesos, según datos de la Cámara Americana de Comercio.