Los impuestos ahora generados todavía son el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), comparados con más de 30% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en algunos latinoamericanos. De ahí la necesidad del gobierno federal de transferirse anualmente recursos complementarios de Pemex por un monto de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto.

Pero tampoco ese 15% alcanza. De ahí el papel “parafiscal” de los precios de algunos bienes y servicios públicos, que tenemos que soportar los mexicanos cuando pagamos gasolinas, diesel, energía eléctrica, etcétera, para compensar lo que los impuestos no resuelven.

Esos precios son elevados para compensar los subsidios que por esta vía dan a los segmentos pobres de la población. Dichas acciones introducen importantes distorsiones en la economía y en la estructura de precios.

Son graves las distorsiones que las políticas públicas, compensatorias de ingresos gubernamentales, introducen en el funcionamiento de la economía nacional. Pemex es ejemplo de una entidad que, por subsidiar el gasto corriente del gobierno federal, aporta mas allá de su razonabilidad tributaria, dejándola sin recursos suficientes para mantenimiento e inversiones, de manera de asegurar la suficiencia de hidrocarburos en México.

Se hace urgente, por tanto, una reforma hacendaria en cuatro ejes de políticas: 1) de ingresos; 2) de gasto público; 3) de deuda pública y 4) de manejo patrimonial.

En materia del impuesto directo, es indispensable facilitar la vida al contribuyente con la simplificación, y hay que definir ya si se trata de ISR o IETU; generalizar su cobertura, eliminando exenciones e impuestos especiales y reduciendo las tasas a la luz de la ampliación del universo de contribuyentes.

Finalmente, en este primer eje de la reforma hacendaria es recomendable volver a aplicar el régimen de bases especiales de tributación para causantes menores, comerciantes informales, que actualmente evaden.

Para el caso de los impuestos indirectos, es necesario ampliar su cobertura hasta cubrir la venta de todos los productos y servicios que requiere la población, sin excepción alguna, salvo la de una canasta muy básica de alimentos y medicinas, a la vez de disminuir la tasa, tal vez al 12%, eliminando tasas cero y exenciones, porque promueven evasión y elusión fiscal.

La reforma que se requiere debe replantear las atribuciones de gasto e ingreso de los gobiernos federal y locales, revisando el actual esquema federalista y otorgando un papel más importante a los gobiernos estatales y municipales. El federal debe ceder espacios y atribuciones a favor de los gobiernos locales, que tienen un mayor acercamiento con la población y conocimiento de sus necesidades.

Entre los mayores ingresos para cubrir las responsabilidades de los gobiernos locales habría que incluir los del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas, así como los de un nuevo impuesto a las ventas finales estatales.

Esos mayores ingresos permitirán a los estados hacerse cargo de la educación, así como de los proyectos de infraestructura e inversiones en general (¿quién mejor para determinar las prioridades de sus ciudadanos?). Asimismo, las nuevas fuentes de ingreso de los gobiernos locales permitirán que la Ley de Coordinación Fiscal sea más bien una instancia administrativa, ya no una fuente de transferencias de recursos de la federación.

En el proceso, deberá fortalecerse la transparencia y Ley de Información Hacendaria, para revertir la actual opacidad, penalizando el “no gasto” de lo programado para eliminar incentivos perversos o negativos a la transferencia de recursos sobre lo presupuestado y evitar “guardaditos” en fideicomisos de los excedentes de ingresos y de los subejercicios.

Podría también pensarse en mejorar la calidad del gasto, aumentando un 1% anual el gasto de inversión como proporción del gasto programable, por un tiempo determinado, para potenciar la creación de la Infraestructura Productiva Nacional.

El tercer eje de la reforma propuesta se refiere a la política de deuda: la incorporación del llamado “déficit estructurado”, el cual consiste en explicitar el uso deficitario o superavitario, de acuerdo a las condiciones económicas del país y al entorno internacional, como nos está pasando actualmente.

Finalmente, el cuarto eje de la reforma hacendaria propuesta: la Política Patrimonial del Estado Mexicano, que deberá reformar la Ley Federal de Derechos, iniciando con la contestación a la pregunta: ¿cuánto deben generar a la hacienda pública las concesiones del patrimonio nacional? Y a partir de ahí actuar en consecuencia.

Urge avanzar en estos temas, porque hay que despetrolizar la hacienda pública.

Pero, lo más importante, la política presupuestal implica una nueva estrategia para el desarrollo del país, por lo que deberá revisarse la estructura del gasto público y sus multiplicadores sectoriales a través de la inversión, revisando el sistema de evaluación ahora en manos del Ejecutivo.

El Ejecutivo federal no debe esperar más, el Congreso de la Unión no puede posponerlo más.