El Poder Ejecutivo propone disminuir las sanciones propuestas por los legisladores a quienes ingieran bebidas alcohólicas, la intención exponen las autoridades estatales, es incrementar las sanciones paulatinamente.

En la propuesta del Poder Ejecutivo establece retirar el vehículo a quienes se les detecten de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, mientras que se aplican sanciones de 100 a 200 días de salarios mínimos –de cinco mil pesos a 11 mil a la persona que se le detecten de 50 a 80 miligramos de alcohol en la sangre.

En la propuesta original de los diputados se establecían sanciones económicas desde nueve a once mil pesos para quienes se les detectara 30 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre y se establecen sanciones de prisión para aquellos cuyos niveles de alcohol lleguen hasta los 100 miligramos por 100 mililitros de sangre.

Para el diputado panista este tipo de medidas deben darse con mano firme.

“Nuestra postura es evitar el factor de riesgo en pérdida de vidas humanas, no tiene que ver con gradualidad, por ver si primero me fracturo una mano, luego un brazo y luego pierdo la vida. Se trata de evitar a toda costa que se pierdan vidas por un fenómeno que a todas luces ha sido una de las causas de muerte en toda la comunidad”.

Entre los comentarios que el Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez hizo llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales, se manifiesta a favor de integrar un registro de personas sancionadas por la conducción de vehículos en estado de ebriedad; pero se opone a que como requisito para otorgar la licencia de conducir los automovilistas sean sometidos a un examen de uso y abuso de drogas.

Para el diputado panista, es rescatable la sugerencia del Poder Ejecutivo de detener los vehículos de aquellos conductores que se nieguen a hacerse la prueba de alcoholemia y de capacitar a peritos que se encargues de realizar estas pruebas a los automovilistas.