Es conocido de propios y extraños, de especialistas e inexpertos, que el sistema fiscal en México presenta grandes deficiencias. Desde hace varias décadas se viene discutiendo en el país —aunque sin consolidar nada— la insuficiencia del aparato fiscal como instrumento de apoyo al crecimiento económico y a la equidad social. La carga tributaria mexicana es una de las más bajas del mundo y, en la práctica, el sistema impositivo dista de ser eficaz como correctivo de la desigualdad en la distribución del ingreso.

El asunto está tan entrampado que cuando se han buscado soluciones a lo más que se llega en el Congreso de la Unión es a la propuesta de aumentar los impuestos. Todos lo sabemos, pero lo llegamos a perder de vista, que la baja recaudación, como proporción del PIB en México, no tiene como origen bajas tasas impositivas. Es más, aunque muchos no quieren ni que se mencione este argumento, la verdad es que las tasas mexicanas, tanto de los impuestos directos como de los indirectos, se asemejan a las vigentes en países con altos ingresos tributarios. Uno de los grandes problemas reside en los regímenes especiales que siempre se modifican, a favor de los interesados, en la Ley de Ingresos que se aprueba cada año.

El grave problema que enfrentamos en México, y que en parte es responsable de la baja recaudación y por ende del escaso desarrollo del país, es la existencia de una compleja maraña de tratamientos especiales a diversos sectores que complican la administración recaudatoria y propician altos niveles de evasión y elusión.

Desde luego que no es el único problema que frena el desarrollo del país, muchos otros también influyen, tales como la desigualdad a la que se enfrentan los empresarios mexicanos ante la apertura internacional de la economía, la creciente informalidad, la competencia desleal, el favoritismo a los grandes monopolios, la desigual distribución del ingreso, la desconfianza en las autoridades, la inseguridad, la pobreza, etcétera; sin embargo, por uno tenemos que empezar para ir rompiendo este círculo vicioso.

A todo lo anterior no hay que dejar de considerar que México cuenta con un sistema fiscal que, además de ser muy limitado desde el punto de vista recaudatorio, resulta altamente vulnerable por su dependencia al petróleo. No queremos comprender que el petróleo es un recurso no renovable y que si seguimos con esa dependencia extrema, sin plantear soluciones a futuro, éste finalmente nos alcanzará y sin soluciones.

En este contexto, la única solución viable que ve la Secretaría de Hacienda, para generar el crecimiento en México, es que se paguen más impuestos. El asunto no está en la tasa del impuesto, sino en quienes los pagamos. Creo que nadie se opondría a pagar sus impuestos si hubiera factores de certeza; es decir, si fueran los justos, si las deducciones y el pago fueran de manera simple y sencilla, si desaparecieran los regímenes especiales, si el dinero de los impuestos de los ciudadanos lo vieran reflejado en su calidad de vida, y si no existieran abusos por parte de las autoridades, etcétera, etcétera.

A través de varias décadas, año tras año, o legislatura tras legislatura, se ha intentado consolidar una reforma fiscal, con un argumento contundente pero poco fuerte para lograrlo: México ha tenido tasas muy bajas de crecimiento en los últimos 30 años. Los intentos han quedado en algunas reformas, lo que se conoce como miscelánea fiscal, que lo único que ha conseguido es que México se mantenga a unas tasas de crecimiento muy escasas, a mediano plazo, que resultan inferiores a lo que tienen países emergentes.

Ya no se trata de decir que es impostergable la reforma fiscal, ese es un discurso gastado. Se trata de ver cómo y cuánto compromiso hay para consolidar la reforma fiscal, se trata de ver cuántos y cuáles compromisos existen para poder quitar los regímenes especiales, se trata de ver hasta dónde hay visión de Estado en el Congreso para hacer a un lado los asuntos electorales y coyunturales y fincar compromisos con México y su gente.