México, 7 de junio.- El diputado local del PRD, Alejandro Carbajal, emplazó a las autoridades a hacer visitas de verificación administrativas para detectar los establecimientos mercantiles que adulteren, comercialicen o suministren bebidas alcohólicas.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) alertó que 40 por ciento de las bebidas alcohólicas que se expenden en México tienen un origen irregular.

Por ello, alista un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Salud federal y local, así como a la Profeco, a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a los 16 jefes delegacionales, a que realicen visitas de verificación.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas puede tener efectos fatales en los consumidores que van desde dolores fuertes de cabeza, mareo, náuseas, vómito, nerviosismo, ansiedad, estado de coma y hasta el fallecimiento.

Apuntó que de acuerdo a la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (Civyl), casi 40 por ciento de las bebidas alcohólicas que se venden en México tienen un origen irregular.

“La manera más común para engañar a los consumidores es exhibiendo una botella original en la barra, pero sirviendo la bebida de una botella adulterada, o preparando previamente los cócteles con alcohol pirata”.

Dijo que es de suma importancia garantizar el cumplimiento de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores de edad que acostumbran acudir a “tardeadas” o a lugares de diversión.

Carbajal resaltó que en la ALDF se ha realizado un esfuerzo tendente a legislar para inhibir el uso y suministro de bebidas alcohólicas adulteradas.

Detalló que en la Ley de Establecimientos Mercantiles hay prohibiciones y sanciones relacionadas con la venta de estas bebidas y establece la obligación de los titulares de establecimientos a romper todas las botellas de vinos y licores.

Además de prohibir la modalidad de barra libre, siendo motivo de clausura permanente y revocando las licencias de funcionamiento a los que expendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que puedan afectar la salud del consumidor.