Por su parte, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) pretenden una reforma fiscal que fortalezca las finanzas estatales y municipales para hacerlas menos dependientes de las participaciones federales; que se llegue a un federalismo fiscal que dote de mayores potestades tributarias a los estados y municipios para contar con mayores recursos propios.

Para esto debe existir también el compromiso de los gobiernos locales de mejorar la recaudación de los impuestos y derechos propios. Al efecto, se han venido estudiando posibilidades como la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un impuesto estatal adicional de 2% al consumidor final.

La recaudación de impuestos propios es una buena oportunidad de elevar la recaudación a través de una adecuada administración.

Por ejemplo, el impuesto predial que en algunas entidades es bastante elevado, en lo general es 10 veces menor de lo que podría recaudarse, comparando con los impuestos prevalecientes en los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que llega a 2% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que en México apenas es de 0.2% del PIB.

Los niveles de recaudación deben alcanzar de 19% a 20% del PIB. Actualmente no llegan a 11%, y no porque los impuestos sean reducidos.

En realidad la carga fiscal es muy pesada, pero para unos cuantos; tanto por el mal diseño de las leyes tributarias como por deficiencias en la recaudación y complicaciones en la administración. Las revisiones fiscales son muy lentas y costosas y el proceso de defensa es injusto, tortuoso y demasiado tardado.

Los organismos empresariales, la Conago, la CPFF y las cámaras deben unir esfuerzos para lograr una reforma fiscal integral que llene los objetivos de las viejas doctrinas de Adam Smith, que siguen estando vigentes: los impuestos deben reunir los postulados jurídico, económico y político.

Desde el punto de vista del Derecho, el impuesto debe ser equitativo; que la tributación sea general e igualitaria; que todo contribuyente sea gravado en igual medida correspondiente con su condición económica; que no sea excesivo o vejatorio, que no induzca a la defraudación o el contrabando; que sea cierto y conocido.

Visto desde el concepto económico, debe ser suficiente para satisfacer el presupuesto público; inocuo, que no inhiba la producción, circulación, distribución y el consumo de las riquezas; limitado, para que no disminuya el patrimonio; de fácil y sencillo cumplimiento.

El aspecto más importante que deben atender los tres niveles de Gobierno es restituirle al contribuyente la confianza en sus autoridades.

Una rendición de cuentas oportuna y transparente y un ajuste radical a los gastos corrientes, con acento especial en las remuneraciones y prestaciones a sus funcionarios de alto nivel.

Éste es el mejor estímulo para que los impuestos se paguen voluntariamente.