México, 11 de mayo.- Pese a que la reciente reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) cuenta con medidas trascendentales para regular las prácticas desleales en el mercado, no considera la implantación de acciones colectivas que permitan que los consumidores puedan demandar una compensación económica a aquellas empresas que incurran en prácticas monopólicas y cuya afectación redunde en el bolsillo de las personas.

"En esta reforma se perdió la oportunidad histórica de que los consumidores puedan demandar colectivamente la reparación del daño patrimonial que resulte de las prácticas desleales; si la ley no prevé que estas afectaciones sean resarcidas colectivamente, no tiene caso aplicar sólo multas", sentenció Adriana Labardini, representante legal de la asociación civil Al Consumidor.

Consideró que las empresas no son las únicas afectadas por las prácticas de las firmas dominantes, por el contrario, aseguró que son los consumidores quienes resienten los efectos negativos derivados de estos actos, tal es el caso de los precios altos en telefonía fija y celular.

Explicó que las acciones colectivas consisten en que las personas afectadas puedan presentar demandas civiles, mercantiles o administrativas ante los tribunales, por medio de un representante legal que puede ser una organización civil o persona física, a fin de resolver conflictos relacionados con la violación de derechos colectivos.

Labardini consideró que la información y la correcta aplicación de la ley son los "pilares" de los cuales se puede valer la competencia para fortalecer al consumidor, pues las personas deben contar con rangos de comparación amplios sobre los precios y tarifas de servicios para decidir qué productos adquirirán, en caso contrario, explicó, las autoridades deben proporcionar las herramientas necesarias para que la población pueda defenderse de los daños provocados por las compañías dominantes.

Además, sostuvo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no cuenta con los instrumentos suficientes para desempeñar sus funciones en defensa de los consumidores, pues los niveles de denuncias que registra diariamente rebasan sus capacidades.

Faltan reformas

Por tanto, la reforma a la LFCE también debe ir acompañada de otras mejoras estructurales en organismos que se encarguen de salvaguardar los intereses de los consumidores:

"Necesitamos una Secretaría de Economía (SE) a la que no le tiemble la mano para hacer valer las reglas, de una Comisión Federal de Competencia (CFC) que tenga un presupuesto mayor para contar con más recursos y margen de acción, también necesitamos jueces que no se dejen corromper por las grandes empresas y una Profeco que no dude al momento de iniciar juicios contra compañías solventes y monopolios de Estado", aseguró.

Indicó que una política de protección integral al consumidor no debe recaer sólo en Profeco o la CFC, pues las autoridades deben emitir políticas severas en sectores clave como el de salud, financiero, vivienda y alimentos, los cuales son vitales para el funcionamiento de la sana competencia.

Pese a la falta de acciones colectivas en la reforma a la LFCE, aseguró que representa un paso importante en la lucha contra las entidades monopólicas.

Por su parte, Carmen Quijano, especialista en temas de competencia, recalcó que esta ley tiene como finalidad única el bienestar del consumidor; no obstante, opinó que sería muy complicado incluir una figura de acción colectiva en contra de los monopolios para exigir contraprestaciones por daños y prejuicios, pues para ello los afectados tienen que comprobar que hay un daño directo a su economía o integridad.

Agregó que resultaría difícil efectuar un cálculo del monto de contraprestación en caso de daños al consumidor por prácticas desleales, pues no hay tabuladores que especifiquen las cantidades a pagar por este concepto.