El objetivos es evidentemente ambicioso, pero eso es lo que dijeron los representantes de la Fundación Miguel Estrada Iturbide que dirige Rafael Muñoz de Cote, y cuya área económica está a cargo de Genaro Santana Moronatti, a quienes fueron convocados el jueves pasado para presentarles una especie de “diagnóstico” que ha comenzado a circular también entre integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que preside Mario Sánchez.

Dicen que algunos se fueron para atrás al escuchar el planteamiento que para variar, presumen que viene de la Secretaría de Hacienda que encabeza Ernesto Cordero, más que de los panistas que han elegido al diputado regio Felipe de Jesús Cantú, para ser su vocero y negociador en el tema de la reforma fiscal.

En esta propuesta, se supone que habría unificación de tasa ISR/IETU con una tasa más baja pero con menos gastos acreditables y deducciones y, tasa del IVA al 18% general pero diferenciada entre tasa federal y tasas estatales.

La intención es que no sea el equipo del subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade, ni el del subsecretario de Egresos, Dionisio Pérez Jácome, quien se siente con los empresarios o con los representantes de éstos en el Congreso, sino que lo hagan los diputados del grupo parlamentario y en especial de la citada Fundación, de la que por cierto, fue director Ernesto Cordero.

Eso habla del grado de “confianza” que tiene la secretaría con el grupo parlamentario del PAN que encabeza Josefina Vázquez Mota, y también con el presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Becerra, pues hay mucho reflector, poca eficiencia legislativa.

El problema es que a la hora del diagnóstico, no todo es azul ni se puede tan fácilmente eliminar regímenes que políticamente son innegociables. Fíjese, uno de los rubros que más diluyen la recaudación (como 1.1% del PIB como gasto fiscal en el régimen de ISRT) es el crédito al salario y el subsidio que se regresa a empleadores, y esto tiene que ver con lo que deja de pagar la gran masa de trabajadores con ingresos inferiores a 6 mil salarios mínimos, o que cubre a toda la masa de trabajadores formales que aún ganando más que esa cantidad, deben tener exento el porcentaje por causas de justicia tributaria.

Por lo pronto, como cada organismo empresarial se prepara para hacer su propio planteamiento con sus asesores, hay un consenso que se construyó y va con Mario Sánchez, pero que no necesariamente todos los integrantes del CCE estarían dispuestos a avalar: el buscar que la reforma cobre una tasa general de impuesto al consumo, aún cuando se excluya sólo a una canasta básica y siempre y cuando ésta no ingrese a la cadena de transformación. Si lo analiza, un sector que pegaría el brinco es el agropecuario, el que ha logrado una unidad que no sólo se mueve a partir del CNA que encabeza Juan Carlos Cortés, sino de todas las organizaciones incluyendo la de los secretarios de desarrollo económico y agropecuario y tienen como 100 diputados y senadores, que tienen por objetivo para el presupuesto de 2011, definir programas de inversión y gasto multianual.