De acuerdo con un estudio realizado por la American Chamber, es necesario, que el gobierno federal, al mando de Felipe Calderón incremente la vigilancia y control y eleve las sanciones a quienes cometan dicho delito. Mientras que la iniciativa privada deberá buscar esquemas de economías de escala que permitan mayor accesibilidad del producto.

A fin de cuentas, dicha problemática, si bien es cierto, es el reflejo de una economía subterránea que genera sus propias condiciones y escalas de pagos fiscales, mitiga el desarrollo de un país. De ahí que se debería poner orden y mitigar dicho esquema de economía, donde la medicina es sencilla y ya se ha planteado a todas las escalas de las autoridades, incluso en sexenios anteriores, pero pareciera que no interesa mucho que se regularice esta economía informal, y menos rumbo al 2012.

Sabemos que el grupo de los seis, conformado por la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública (AEFCP), al mando de Pedro Carreón Sierra; la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMCA), que comanda Carlos Loperena Ruiz; el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), que dirige Adolfo Alcocer; el International Fiscal Asociation (IFA), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (MCP), que preside Luis Raúl Michel Domínguez y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que comanda Gustavo Rodarte de la Serna en la propuesta de reforma fiscal que trabajan, establecen algunos puntos para integrar la economía informal a la formalidad.

En específico a través de la generación de impuestos enfocados, para que la base gravable no se siga ahorcando y se amplíe de forma real, dado que desde hace más de diez años, se calcula que no hay un incremento real de los recursos fiscales. La facilidad en la tramitología, es otro de los puntos a establecer, pues es bien cierto que la contabilidad de un negocio, es tan compleja como su detonante. Y la eliminación de algunos gravámenes es otro punto a llevar a la realidad, donde el IETU desaparecería no sólo por ser un impuesto que mitiga el desarrollo empresarial, sino por ser una doble tributación, así como el ascenso de muchos IEPS. Será que todo ello se lleve a la realidad, o ¿el costo político es muy alto?