La reciente reforma a la Ley Federal de Competencia (LFC), aprobada por la Cámara de Diputados, cuenta con las herramientas suficientes para sancionar a las empresas que incurran en prácticas desleales y disuadir a aquellas que planean hacerlo; por ello, de aprobarse en el Senado dará la fortaleza necesaria que requiere la Comisión Federal de Competencia (CFC) frente a las entidades monopólicas.

"Si se aprobara esta reforma de manera definitiva, podríamos estar seguros de que tendremos una Comisión que seguirá siendo activa, pero con instrumentos más robustos para hacer valer los estatutos de la ley", comentó Eduardo Pérez Motta, comisionado presidente del organismo antimonopolios, quien explicó que el documento avalado por los legisladores no tuvo modificaciones mayores en relación con la propuesta original que emitió el presidente Felipe Calderón; por el contrario, se impulsaron medidas adicionales que enriquecieron el proyecto del Ejecutivo y dio como resultado un dictamen que se apega a las mejores prácticas internacionales.

En entrevista con EL FINANCIERO, detalló que los elementos que aportaron los diputados se relacionan con el establecimiento de medidas cautelares, a fin de frenar las prácticas anticompetitivas cuando se demuestre que pueden provocar “efectos irreversibles” en el mercado; de esta forma, los legisladores definieron los lineamientos que explican los casos en que se puede sancionar a una empresa por incurrir en daños irreversibles, así como los estatutos que buscan limitar el poder sustancial de mercado para las compañías.

Pérez Motta indicó que una de las medidas que darán mayor fortaleza a la CFC es la aplicación de sanciones económicas de 10 por ciento de los ingresos nacionales de las compañías; consideró adecuado imponer multas únicamente a las ganancias que las firmas obtengan en el país y no en el extranjero, pues "finalmente las empresas que vamos a sancionar son aquellas que están en México y que están afectando a los consumidores nacionales", sostuvo.

Además, aseveró que la incorporación de sanciones penales para meter a la cárcel a personas que busquen frenar la sana competencia, aunado a la posibilidad de realizar visitas sorpresivas a los corporativos cuando se nieguen a dar información, son disposiciones que también se asemejan a las mejores prácticas mundiales.

Tribunal especializado

En el caso de los monopolios de Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sostuvo que este proyecto no cuenta con las facultades suficientes para emitir una regulación sobre dichas paraestatales, pues para hacerlo es necesario implementar una reforma constitucional, mientras que el dictamen avalado por la Cámara baja sólo corresponde a una reforma legal:

"Es una discusión de otra naturaleza, a mí no me corresponde opinar porque estoy en un área técnica y le toca al Congreso decidir qué pasará con estas entidades", subrayó.

Al respecto de la propuesta para crear un tribunal especializado en materia de competencia, señaló que éste no intervendrá con el funcionamiento de la comisión, ya que sólo se encargará de actuar como una instancia de revisión sobre sus resoluciones.

Cabe señalar que diversos analistas han criticado la aparición de esta entidad, pues consideraron que implicaría una doble ventanilla que entorpecería el actuar de la CFC; al respecto, el titular del organismo afirmó que no hay elementos para considerar que dicho tribunal podría retrasar los procesos de la comisión.

Dijo que esta reforma también dará más transparencia a los procesos del órgano regulador, ya que promueve la realización de audiencias orales y mecanismos para dar a conocer los procesos relacionados con análisis de averiguaciones sobre temas como dominancia y concentraciones, además de que se reforzará la relación entre las áreas de investigación y el pleno de la entidad.