la Secretaría de Hacienda de avalar oficialmente que el gobierno de Estados Unidos tenga participación en Banamex a través de Citigroup.

La notificación oficial de Hacienda se hizo llegar al Senado la semana pasada y en ella argumenta que dicha participación es temporal, y no

definitiva, por lo que avala el procedimiento.

El Senado pidió una postura oficial a Hacienda, luego de que la dependencia lo hizo a través de un comunicado de prensa.

La notificación oficial llegó a la vieja casona de Xicoténcatl en un oficio firmado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, en que la

dependencia avala la situación de Banamex y su relación con el gobierno de EU, que a raíz de la crisis económica absorbió parte de Citigroup.

Sin embargo, el coordinador del PRI Manlio Fabio Beltrones acusó negligencia del Ejecutivo para hacer valer la ley en el caso Banamex, lo que

explica la decisión de varias fracciones parlamentarias de iniciar una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte la que avale o no

dicha postura.

En un comunicado se refirió a la actitud omisa de la autoridad mexicana para corregir la violación al orden jurídico interno que implica la

participación del gobierno estadounidense en la banca nacional, a través de Banamex. Manfiestó que como senadores están en favor de suscribir

la controversia constitucional.

El también presidente del Instituto Belisario Domínguez subrayó que dirimir estas diferencias de interpretación jurídica es parte de la normalidad

democrática y la vida institucional.

Lamentó que sea necesario recurrir a estas instancias para persuadir al Ejecutivo Federal a que, de acuerdo a sus responsabilidades

constitucionales, haga valer la ley y adopte una decisión soberana en la que además, contaría con el respaldo de instituciones nacionales y fuerzas

políticas.

Beltrones dijo que la irregularidad jurídica en que actualmente se encuentra Banamex los remite a un asunto que incide, en forma directa, en la

rectoría del Estado sobre el sistema bancario y su función de promoción del desarrollo económico. El Estado mexicano no puede eludir el ejercicio

de estas funciones, en especial en esta coyuntura de escasez y alto costo del crédito.