La Secretaría de Movilidad prevé que con el arranque de los nuevos operativos de alcoholemia, a partir del 15 de noviembre próximo, se registre una “cascada” de amparos de conductores ebrios que busquen evadir el arresto administrativo inconmutable, por lo cual la dependencia se prepara para fortalecer su área jurídica. En el Distrito Federal se amparan alrededor de 30 de cada 100 detenidos.

Para hacer frente a esta situación, la dependencia requerirá más personal para atender los amparos, ya que tiene 24 horas para contestarlos a partir de recibir la notificación. En estos momentos cuenta con nueve personas encargadas de esta materia, pero se analiza recurrir a otras áreas para ampliar el número de funcionarios que tendrán la responsabilidad de darles seguimiento.

Una vez que se resuelven de fondo los juicios de amparo, cuando la autoridad judicial determine que no proceden, el conductor tendrá que cumplir el arresto inconmutable en el CURVA.

La dependencia estatal también analiza cuidadosamente los perfiles de jueces calificadores para garantizar la elaboración correcta de las resoluciones en las que se clasifique si se aplicará la multa de 150 a 200 salarios mínimos o la detención en el CURVA.

En el Distrito Federal, al inicio de la operación del “Torito” los abogados cobraban por los amparos seis mil pesos, luego tres mil; aunque hay otros que tienen “machotes” y lo hacen por montos más módicos.