de que los estudiantes hayan buscado empleo de forma temporal. De la información reportada por el INEGI se puede observar que la tasa de

desempleo, una vez que se quitan los efectos estacionales, es la más alta de los últimos tres meses y en el nuevo milenio solamente es superada

por la cifra de mayo pasado.

La gravedad del desempleo se ha acentuado en las mujeres, quienes pasaron de enfrentar una tasa de desempleo de 4.82% en junio a una tasa de

7.20%, lo cual sin lugar a dudas representa un retroceso importante en su participación en la actividad productiva.

De igual manera la subocupación en el país se incrementó hasta alcanzar un 9.2%, en donde el problema también es más evidente con los efectos

estacionales.

Ante el escenario del mercado laboral parece racional la necesidad de implementar una política económica que tenga como objetivo a la generación

de empleo, fundamentalmente porque es justamente mediante el trabajo que las personas pueden obtener los recursos económicos suficientes.

Para el caso de México es evidente que la mayor proporción de empleo se genera por las empresas del sector privado, por lo que es vital que la

inversión de las mismas se incremente para favorecer con ello la creación del empleo y verdaderamente mitigar el lacerante problema de la

pobreza.

No obstante, y a contracorriente, la propuesta de cambios fiscales emanada del gobierno federal no atiende a esta necesidad, y por el contrario

parece afectar la posibilidad de que se pueda alcanzar un mayor crecimiento económico en función de una mayor actividad del sector privado.

El aumento del IETU disminuye la disponibilidad de recursos financieros de las empresas. Dado que la crisis ya ha afectado sus beneficios,

seguramente la inversión también bajará, lo que limitará la posibilidad de deducir parte de este impuesto.

Las propuestas de modificar el escenario de consolidación fiscal, la acreditación del IETU en el ISR, así como la búsqueda de incrementar la tasa

de este último de 28 a 30% también implican un mayor pago de impuestos y por lo tanto una menor disponibilidad de recursos para las operaciones

de las compañías.

De manera particular debe señalarse que las pequeñas y medianas empresas, las que mayor cantidad de empleo generan, tienen una menor

disponibilidad de deducir el pago de impuestos, tanto porque tienen un equipo contable y legal más reducido como porque realizan menores

inversiones que califiquen para poder realizar la deducción contable.

Asociado a todo esto se encuentra la posibilidad de que bienes estratégicos para la producción y el transporte, como electricidad, gas, gasolina y

diesel, vean elevar su nivel de precios, algo que aumentaría los costos de las empresas, elemento adicional que también afecta negativamente la

capacidad productiva de la nación.

Por ello es que parece poco probable que exista la posibilidad de que se pueda revertir tanto la pérdida de empleo que se ha observado en 2009

como la que de manera estructural se ha presentado en las últimas décadas. Dado que el gasto de gobierno propuesto para 2010 también

contempla una reducción en la inversión pública por 55 mil millones de pesos, parece evidente que éste mismo carece de un objetivo real de

generación de empleo, crecimiento económico y por tanto de una verdadera solución al problema de la pobreza.

La necesidad de evitar un mayor deterioro en la competitividad y productividad obligan a revisar la propuesta fiscal: reducción del gasto corriente

por más de 100 mil millones de pesos para canalizarlos directamente a inversión productiva, en donde el objetivo sea generar empleo en las

regiones y sectores más afectados. Por medio de esto se puede ayudar a las zonas pobres pero pasando de un programa asistencialista a otro

que contribuya al crecimiento económico.