de los programas de gasto e ingresos que se aprueben será una de las primeras señales que tendremos sobre

qué tan serio es el compromiso de cambio de la nueva legislatura y el Ejecutivo federal.

Si impera la racionalidad económica, la negociación hacendaria debe constar de dos fases secuenciales. El

primer paso debe ser preparar un presupuesto de gasto base cero.

Los presupuestos base cero son ejercicios agnósticos. En ellos, todas las propuestas están a prueba: se invita a

los participantes a retar y cuestionar el destino de hasta el último peso que se va a gastar.

Generalmente, llevar a cabo un ejercicio de este tipo rinde frutos significativos. Cuestionar y justificar todo el

gasto federal causa que se vuelva a discutir y cuestionar su plausibilidad. Lleva a que se analicen decisiones de

gasto que frecuentemente no se han revisado en décadas. El ejemplo emblemático lo tenemos en la Secretaría

de la Reforma Agraria, la cual subsiste para manejar cabos sueltos de un proceso de reparto agrario cuya fase

sustantiva concluyó hace más de 20 años. Como este hay muchos otros programas que el Gobierno federal

opera que quizás en algún momento se hayan justificado, pero que hoy ya no cumplen un fin práctico.

Una de sus principales virtudes de cuestionar todo el gasto simultáneamente es que el proceso crea condiciones

que permiten hacer ajustes que serían imposibles de cambiar en forma aislada. Pero conviene hacer una

advertencia. Sé por experiencia propia que los procesos presupuestales de este tipo despiertan gran ansiedad

entre los trabajadores y pueden convulsionar a las organizaciones que los llevan a cabo.

Pero eso sí, que no quede duda: una revisión del tipo planteado eliminaría programas duplicados y caducos y

reduciría el nivel actual del gasto.

Después de llevar a cabo el ejercicio arriba planteado tocaría el turno al lado impositivo. Aquí también

recomiendo que se haga una reconsideración a fondo.

Los economistas fiscalistas más reconocidos del mundo se han cansado de recomendar que el régimen fiscal

óptimo es un IVA generalizado.

Esta modalidad de impuestos tiene ventajas difíciles de superar: no afecta los precios relativos de la economía.

En consecuencia, no impacta la estructura del consumo ni distorsiona las decisiones de inversión. La aplicación

del IVA incentiva el ahorro y la acumulación de activos para la producción y desincentiva el consumo de bienes

suntuarios y gastos improductivos. Por último, es el impuesto más fácil de fiscalizar, puesto que incentiva a los

causantes a enterar los impuestos causados para poder acreditar el IVA pagado.

Pero establecer un régimen fiscal basado en el IVA impone retos significativos. Primero, si el impuesto se

aplicara en forma generalizada sin crear mecanismos de gasto compensatorios, tendría efectos regresivos. Esto

se debe al hecho de que cobrar el IVA sobre todos los productos encarecería los alimentos y medicinas. Tal

medida afectaría desproporcionadamente a los pobres y enfermos, cuyas circunstancias los obligan a dedicar

una proporción elevada de su gasto a estos artículos. Por ello, para compensar este efecto se tendrían que

establecer mecanismos que identifiquen y compensen la pérdida de bienestar que un impuesto general causaría

entre los más pobres. Afortunadamente, el Gobierno tiene el programa Oportunidades el cual cuenta con el

padrón y las herramientas de distribución que se requerirían para compensar las pérdidas de bienestar.

El segundo problema es enteramente práctico, pero importante. La aplicación de un IVA generalizado causaría

problemas de ventas para los negocios que operan a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Esto derivaría

de la falta de homogeneidad de nuestro régimen fiscal y el de ellos. Los efectos potenciales no serían

despreciables. Por ello, aquí también haría falta considerar mecanismos para compensar las pérdidas de los

negocios.