En el dictamen, que fue impugnado por senadores del PRD y del PRI, se plantea una pena de uno a nueve años de prisión, y multas de 100 a mil días de salario mínimo a quien cometa este ilícito.

Los senadores habían modificado la minuta para eliminar la parte que considera como delito de la delincuencia organizada a quien expenda, venda o distribuya bebidas alcohólicas adulteradas.

Sin embargo, ante el pleno, el senador del PRD, Jesús Garibay, rechazó el texto al señalar que "se pretende sancionar a los productores artesanales de mezcal y tequila de diferentes estados, por presiones de la industria vitivinícola".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, aclaró que "no se trata de intimidar a los productores artesanales de licores nacionales, sino a quienes expenden bebidas adulteradas".

A su vez, el legislador perredista Pablo Gómez advirtió que "se trata de complacer a los grandes industriales de las bebidas alcohólicas", y que "se cometería un error si se aprueba el dictamen".

En tanto, el senador priista, Jesús Murillo Karam propuso regresar a comisiones el dictamen "para buscar una redacción que proteja a los a productores artesanales y se sancione severamente a quienes distribuyan y expendan bebidas alcohólicas alteradas", lo que fue avalado.

Así, se acordó regresar el dictamen a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, a fin de que se incluya una nueva redacción, y que sea presentado en la sesión del próximo jueves, para su discusión y posible aprobación definitiva.

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