compañía no exitosa y con ello consolide las ganancias de ambas para efectos del pago del impuesto. Este mecanismo se

ha prestado a que empresas muy exitosas busquen adquirir cualquier empresa que tenga pérdidas con el objeto de no pagar

impuestos.

Otro privilegio es la depreciación acelerada de activos fijos, es decir, de la maquinaria y equipo, terrenos y

construcción. Un privilegio más es la ganancia por ventas de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores donde,

desafortunadamente, en los casos de mayores ganancias se ha tratado de ventas y compras que no se han hecho en la

bolsa.

En la exposición de motivos, los petistas documentan haber detectado 50 grandes contribuyentes cuyos pagos

individuales de ISR en 2005 deducidas las devoluciones fueron menores a 74 pesos, debido a que las devoluciones

efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron 216 por ciento el incremento en la

inversión privada, que fue de 279 mil 832 millones de pesos.

Esto contradice la hipótesis de que una menor tributación (como en rigor implican las devoluciones) libera recursos a

los particulares para incrementar la inversión en capital. Por eso se genera una situación de privilegio para unos cuantos

contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal.

A su vez, Rubén Moreira y Héctor Franco López, del PRI, demandaron al pleno pronunciarse por no aceptar una

disminución en el presupuesto destinado a las universidades públicas.

Ninguna universidad privada puede ocupar ahora el lugar de la Universidad Nacional Autónoma de México, que año

con año ha sido considerada la mejor de habla hispana del mundo. Sin embargo, este hecho no parece ser suficiente, ya que

año tras año sufre los embates del gobierno federal, que trata, una y otra vez, de reducirle el presupuesto. En las

universidades públicas se realiza 89 por ciento de la investigación científica y tecnológica del país; ahí se encuentran

nuestros académicos y científicos más destacados y reconocidos mundialmente.

Los priístas hicieron un llamado a la Presidencia de la República, a las secretarías de Educación Pública y de Hacienda

y Crédito Público para que no se retenga el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a la educación pública

superior en el ejercicio 2009, y que en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010 no se proponga

una disminución a los recursos asignados al sector educativo en general.