Monterrey.- El Congreso del Estado y la administración estatal podrían recetar un tercer regalo navideño a los alcaldes, al retirarles la facultad de expedir los permisos para la venta de bebidas alcohólicas a los negocios y, consecuentemente, de cobrar por otorgar las respectivas licencias.

La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales revivirá el día de hoy esta iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado, Municipal, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública y la de Prevención y Combate al abuso del alcohol.

Con esto, saca de la congeladora una propuesta que en su momento presentara el ex gobernador Natividad González Parás.

Además de la expedición de estos permisos, los municipios tienen ingresos propios por concepto de Impuesto Predial, multas de tránsito, cobro de parquímetros y licencias y permisos de desarrollo urbano.

¡Salud!

•• Los municipios son los encargados de regular la venta de alcohol dentro de sus territorios.

•• Esto lo hacen a través de sus direcciones de Inspección y Vigilancia, así como mediante las comisiones de Espectáculos y Alcoholes de sus cabildos.

•• Este tema representa un ingreso importante de recursos propios en los ayuntamientos.

•• Sin embargo, también es una de las fuentes de corrupción más significativa, como ha quedado claro en diferentes administraciones de Monterrey.

En ese sentido, y según las propuestas de Ley de Ingresos y Egresos para 2011, ahora el Gobierno será quien fije las normas para entregar los dineros a los ayuntamientos, debilitando los ingresos propios al desaparecer los fondos de apoyo a los municipios y al aplicarles el cobro del Impuesto Sobre Nóminas.

Aunado a lo anterior, la propuesta resucitada por la comisión que preside el priista Héctor García García es que la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado sea la autoridad competente para otorgar las licencias o permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas,

“Con esta iniciativa se contaría con un solo ordenamiento que proporcionaría coherencia, unidad temática, mayor certeza, seguridad y uniformidad en las normas que rigen esta actividad”, señala la iniciativa en su exposición de motivos.

La justificación es que los reglamentos sobre la expedición de permisos para vender bebidas alcohólicas son diferentes en cada municipio y el más antiguo se publicó en 1993, mientras el más reciente en diciembre de 2008.

Esta propuesta presentada el 19 de agosto de 2009 prevé darle al estado todas las facultades en materia de administración financiera, fiscal y tributaria.

Asimismo, se pretende la creación de un comité que analice los expedientes de solicitudes de licencia y permisos especiales.

La administración estatal también tendría a su cargo la renovación, cambio de domicilio, cambio de titular, revocación de licencia o permiso, para verificar que se cumplan con los requisitos previstos en esta Ley, es decir, todo lo que al día de hoy administran los ayuntamientos.

De aprobarse esta propuesta, tendrían que desaparecer algunas direcciones municipales, pues también otorga al estado, específicamente a la Tesorería, la tarea de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la normativa y el correcto uso de los permisos.

También facultaría al Gobierno del Estado a modificar los horarios de venta, en caso de considerarlo pertinente, “cuando por razones de desarrollo económico, orden público o interés general estime necesarios o convenientes los cambios indicados”.

De consumarse la aprobación en la Comisión de Legislación y de llevar la iniciativa de reforma al pleno para ser votada, solamente requeriría de mayoría simple para su aprobación.

En ese caso, los municipios tendrían solamente 30 días para entregar al Gobierno Central la información relativa al padrón de autorizaciones, licencias o permisos para la venta de bebidas alcohólicas.

Pero los municipios no serían los únicos afectados, ya que los dueños de los permisos tendrían que pagar nuevamente por su licencia, según el artículo 4 transitorio.

Para impedir que los municipios entreguen más licencias antes de la entrada en vigor de esta ley, queda especificado que ya no pueden ejercer este derecho a partir de la publicación de esta legislación.

Según la Ley de Hacienda Municipal vigente, los ayuntamientos cobran a los cabarets, centros nocturnos, discotecas y casas de apuestas una cuota por permiso de venta de alcoholes entre 131 mil 450 y 155 mil 375 pesos anuales.

Al giro de abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores pagarán entre 855 y 2 mil 220 pesos; ingresos que ya no llegarían a sus arcas de aprobarse esta ley.