URUGUAY

Recientemente el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento un proyecto de ley sobre "prevención del consumo abusivo de alcohol". Podrá decirse como ya se ha hecho, que el proyecto debe modificarse y vaya novedad, si lo hacemos habitualmente con la mayoría de los proyectos!!!. Lo que no podrá decirse es que no se justifica o que podría ser después, o tantas cosas que hemos escuchado, como si el proyecto buscara responsables en lugar de preguntarnos si no tenemos todos algo que hacer con el problema de fondo.

Conociendo cifras como las publicadas recientemente: que el 40% de los siniestros de tránsito fatales fueron por consumo excesivo de alcohol; que 4 de cada 10 adolescentes tuvieron intoxicación alcohólica en los últimos 15 días; que 20% de los adolescentes de 12 años probaron bebidas alcohólicas, ¡que debemos esperar!. Esto no es estigmatizar a los jóvenes, porque sabemos que 230.000 uruguayos admitieron problemas de abuso o dependencia del alcohol, es sin duda un asunto de jóvenes y adultos, es un problema que tenemos como sociedad.

Se trata ni más ni menos que de ser responsables, no esperar a las consecuencias para después lamentarnos, "transitar con las luces largas encendidas" para prevenir, como dijo recientemente nuestro Presidente. En un país que comienza a apostar a sus jóvenes, donde lamentablemente existe una deuda de dos décadas con ellos, producto de políticas que condenaron -a niños y adolescentes- a nacer y vivir en la pobreza, y esto tampoco es estigmatizar la pobreza; es el reconocimiento de la falta de oportunidades que les hemos brindado y el comienzo de un camino para evitar que los jóvenes del futuro vivan en esta situación. Es por ello que estamos en la búsqueda de consensos para reducir la pobreza en una estrategia nacional 2010-2030.

El marco legal es un instrumento que es parte de una estrategia integral para la prevención del consumo de drogas. Es abrir un debate a la sociedad en el reconocimiento del problema y la búsqueda de los consensos necesarios para las soluciones posibles. Los cambios de hábitos en el consumo, producto de una mayor oferta y accesibilidad, no se ven sólo en nuestro país, es una realidad mundial. El Estado tiene la obligación de prevenir conductas que deterioren la salud y el bienestar de la población. Las consecuencias negativas del consumo excesivo de alcohol en los accidentes de tránsito, sus repercusiones en el ámbito laboral y en la violencia intrafamiliar, son una lamentable realidad.

Cierto es, que la gran mayoría de los jóvenes no tiene un consumo abusivo de alcohol y sus derechos, también deben ser protegidos. Por lo cual las políticas públicas de prevención del consumo de alcohol, como de otras sustancias deben procurar retrasar la edad de inicio del consumo y reducir el daño en quienes ya lo han comenzado. Por ello el proyecto apunta a la regularización de la oferta, promoción y venta de bebidas alcohólicas.